CREATIVIDAD SURREALISTA

Joaquín Córdova Rivas Cuando los problemas no se detectan, o no se aceptan, o se ocultan, terminan por no resolverse. Para algunos eso sería bueno porque se “normalizan”, es decir, se transforman en un no-problema porque las cosas son así como por designio divino, por fatalidad, porque está en nuestra cultura o porque así es el destino. Pero al no resolverse en cualquier momento se reactivan, en el sentido de que regresan a formar parte del malestar social y político; como si esa memoria colectiva de la que hablan algunos científicos sociales fuera incapaz de olvidar, como si solo reprimiera temporalmente el recuerdo como un mecanismo de defensa para poder ocuparse de lo inmediato. Para eso sirven algunas Organizaciones No Gubernamentales nacionales e internacionales, esas integradas por ciudadanos que se organizan para denunciar y actualizar lo que no debe olvidarse, lo que seguirá doliendo hasta que se resuelva. «Ciudad de México, 30 de abril de 2018.-Amnistía Internacional México e Indignación A.C. se unen para denunciar el caso de un niño maya que fue arbitrariamente arrestado el 25 de febrero de 2016. José Adrián tenía 14 años cuando volvía a casa desde la escuela justo después de que un grupo de muchachos tuviera una pelea en la calle, en la que se lanzaron piedras contra una patrulla. Los vecinos presenciaron cómo, al llegar la policía, ésta detuvo y golpeó al niño contra el vehículo policial, le pisaban la cabeza y le lesionaron el cuello, culpándolo por los daños a la patrulla. Le quitaron la camisa y los zapatos y lo llevaron a las celdas de la comisaría de la cercana localidad de Chemax el 25 de febrero de 2016. Lo esposaron, lo colgaron de la pared y lo dejaron ahí durante un largo tiempo. Tras saber de la terrible experiencia del niño, sus padres fueron a recoger a José Adrián y se vieron obligados a firmar un acuerdo para pagar una multa y los daños al vehículo policial, para sacarlo de la cárcel. A pesar de la extrema gravedad de los hechos y de la denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán, a dos años del altercado violento, se desconocen los avances de la investigación y los responsables no han sido llevados ante la justicia, lo que no le permite sentirse seguro.» El caso de José Adrián no es único y revela un patrón sistemático de nuestro podrido sistema policiaco y de justicia, y eso que no estamos hablando de extremos como los de policías municipales cooptados y pagados por el crimen organizado, sino apenas de lo que es normal en un país donde nada funciona como debiera. En el informe: “Falsas Sospechas: detenciones arbitrarias por las policías en México” que se publicó el 13 de Julio del 2016, «Amnistía Internacional documentó que los arrestos a las personas que supuestamente estaban cometiendo un delito al ser aprendidas no suelen funcionar como una respuesta auténtica para enfrentar los delitos cometidos en el país, sino que son utilizados por las autoridades de forma ilegal, principalmente contra aquellas personas que enfrentan situaciones históricas de discriminación, con una preocupante afectación a hombres jóvenes que viven en pobreza. Uno supondría, de buena fe, que las policías están para prevenir la comisión de delitos o, en caso de cometerse alguno, detener a los responsables. Pero aquí no ocurre eso: «Las razones que Amnistía Internacional encontró sobre las detenciones cotidianas y arbitrarias de la policía de distintas corporaciones son: la extorsión a quienes detienen, los pagos de terceras personas para detener a alguien, la realización de detenciones políticamente motivadas (por ejemplo, de participantes en movimientos sociales o personas defensoras de los derechos humanos), la detención de personas por un delito menor —que muchas veces no se cometió— para investigarlas por algún otro delito, o para sembrar evidencia y así no tener que investigar auténticamente los delitos que sí se llevan a cabo [...] Los arrestos en supuesta flagrancia han servido particularmente para legitimar la actuación de las autoridades, ya que transmiten la imagen de que la policía —y por extensión el gobierno— está realizando un trabajo eficaz de combate al delito; “es cuando el Estado se ve y se siente más exitoso”, como indicó una jueza penal entrevistada por Amnistía Internacional. Claramente el problema no radica en que se lleven a cabo arrestos cuando se comete un delito, sino en que se pasen por alto los requerimientos legales e incluso se simulen delitos que no ocurrieron o se siembre o fabrique evidencia con tal de lograr una aprehensión. La misma jueza indicó que “las flagrancias le sirven al Estado sean legales o no… Hay flagrancias que se crean”. Ya no sabemos qué es peor porque hay una interrelación entre impunidad y fabricación de culpables de falsos delitos. Para simular la primera agarran a cualquiera que se les cruza en el camino, que se vea que difícilmente se podrá defender —por eso la preferencia por jóvenes en situación de pobreza—, sembrarles armas o drogas y presentarlos como peligrosos capos responsables de numerosos delitos pendientes de resolver, y así los presentan frente a los medios. El “modus operandi” de nuestras policías es persistente porque nadie investiga, porque prefieren simular que están trabajando, porque las víctimas de sus corruptelas les importan nada. «Asimismo, se utiliza arbitrariamente la figura de la flagrancia sobre un supuesto delito, en muchas ocasiones inexistente, para investigar otro delito. En este tipo de detenciones se alega lo que varios operadores de justicia denominaron “delitos puente” o “chaleco” como cohecho o lesiones; y se siembran objetos para generar una falsa flagrancia de un delito no grave que permita detener a una persona para investigarla por otro delito que generalmente sí es grave. En algunas ocasiones esta operación se hace alegando faltas administrativas. Esta práctica ha resultado eficaz para la policía porque priva de la libertad a la persona por el tiempo suficiente —en ocasiones unas cuantas horas— para que la policía encuentre o fabrique evidencia de otro delito [...] Las circunstancias en que ocurren los arrestos arbitrarios son variadas pero no parecen tener relación con las acciones de las víctimas, muchas veces suceden en el trascurso de un día de normal en la vida de las personas, sin que se requiera un evento excepcional para provocarlas. En los casos mencionados en este informe, por ejemplo, el caso de José Adrián (de 14 años), que regresaba de la escuela a su casa; o el de Pedro Euan, que se encontraba en su hogar, acompañado de su familia. En efecto, en México, cualquier persona puede ser arbitrariamente arrestada, aunque hay un riesgo significativo si se halla en una situación de mayor vulnerabilidad, por ejemplo: si es una persona joven, pobre o indígena. https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR4153402017SPANISH.PDF Bueno, hasta creamos terminología absurda para disfrazar la realidad, al intento de secuestro de un menor de edad en San José el Alto la semana pasada, se le refirió en los medios de comunicación como “ingreso ilegal a una camioneta”, por creatividad surrealista no paramos.