viernes, 14 de junio de 2013

INEQUIDADES Y RESPONSABILIDADES

Hasta el momento de escribir este texto existía la misma versión de los hechos, más de treinta integrantes de una compañía de seguridad privada se presentaron en la comunidad o barrio de La Laborcilla, en el municipio de El Marqués y agredieron a los habitantes, como resultado un muerto y un herido grave, ambos con arma de fuego. En declaraciones del Procurador del estado, en entrevista con Andrés Estévez en 94.7 de FM, hay 34 detenidos, todos de la presunta compañía de seguridad, ninguno de los colonos porque no fue riña sino agresión directa. No se menciona el nombre de esa compañía aunque se dice que es de Jalisco, o que de allá trajeron a los agresores. Hay que mencionar que el conflicto territorial entre El Campanario y La Laborcilla data de tiempo atrás. Según testimonios de habitantes de Hércules, donde vivió el fundador de esta última, simplemente invadió un terreno para construir su casa y con el tiempo invitó a otros a asentarse por esos rumbos, algunos terrenos “los regaló” y al parecer otros “los vendió”, pero sin tener la posesión legal de los mismos. Falta aclarar el porqué de lo dilatado del conflicto que seguramente está en alguno de los juzgados, porque en su afán por “recuperar” esos terrenos El Campanario fue obstaculizando las posibles vías de entrada y salida hasta quedar una, la que provocó el zafarrancho con consecuencias lamentables. Como se puede ver, sin tener que ser un experto en el asunto, la legalidad fue rebasada. Ahora resulta que cualquiera puede contratar a pseudo vigilantes privados para, ejerciendo la violencia en grado máximo, hacerse justicia. Falta ver si las autoridades logran recuperar, frente al poder económico, las atribuciones que le corresponden y le fueron secuestradas, entre ellas la coerción o el ejercicio legítimo de la violencia. En la introducción de su libro Sociedad sitiada Zygmunt Bauman advierte: “La coerción será legítima mientras el árbitro la apruebe, por medio del procedimiento de arbitraje que el árbitro haya aprobado. Todo otro acto coercitivo será considerado un acto de violencia, y la misión fundamental, así como la tarea más urgente de la coerción legítima, es precisamente extirpar toda posible violencia, prevenir que se produzca y castigarla cuando ocurre”. Desafortunadamente ya estamos en el último paso porque los otros dos no se hicieron, habrá que encontrar a los responsables de esas omisiones; pero también castigar a quien autorizó, primero, y contrató después a esa turba de matones o golpeadores. Resulta infantil creer que cualquiera tiene el poder de decisión y de pago de al menos 34 personas, con transporte pesado y herramientas propias para impedir cualquier posibilidad de tránsito, allí debió haber una decisión directiva, quizás hasta colectiva. Hemos estado insistiendo en los problemas propios de las megalópolis, de las grandes concentraciones urbanas que crecen invadiendo todo lo que encuentran a su paso, de la difícil convivencia por las tremendas desigualdades que se observan a simple vista. Es más, según información publicada en La Jornada por Juan Antonio Zúñiga el 12 de este mes y año y «Elaborada con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares correspondiente a los años de 2000 y 2010, la investigación clasifica en tres “clases” la estructura social mexicana y de paso exhibe su profunda inequidad […] Los resultados del estudio, que aporta nuevos elementos al análisis de la sociedad, indican que por cada persona de “clase alta” que vive en México hay 49 de “clase baja” en los dos extremos de la estructura social mexicana.» Por eso los fraccionamientos de la escasa población con ingresos muy altos terminan rodeados por colonias populares, por eso el jueguito de “no te dejo pasar porque atentas contra mi seguridad”, y se aíslan, se amurallan, construyen sus propios guetos, que de ser “Barrio o suburbio en que viven personas marginadas por el resto de la sociedad” pasaron a ser, por miedo y voluntad propia “Situación o condición marginal en que vive un pueblo, una clase social o un grupo de personas”. Y es que los ricachones terminan siendo presos de ellos mismos, sin saber que su enemigo no está fuera de sus altas bardas o más allá de sus casetas de vigilancia, sino dentro de sus modernos feudos. Y es que la interdependencia es obligada. De los fraccionamientos exclusivos hay que ir a las colonias populares a conseguir los servicios más indispensables: un plomero, un albañil, una papelería, el puesto de antojitos, la cremería, la farmacia, la veterinaria, la frutería, y demás. La convivencia es necesaria pero poco tersa, de nada sirve tener camionetota si no es para estacionarse en doble y hasta triple fila para comprar un kilo de tortillas, o un cuarto de jamón “en rebanadas delgaditas”, de qué sirve el poder si no es para ordenar a los guaruras que golpeen a quien les suena el claxon cuando avientan el laminazo sin voltear a ver para ningún lado, total, hay que presumir la Porsche, la BMW, el Mercedes, la Hummer aunque no se traigan ni 50 pesos en las carteras abultadas por múltiples tarjetas de crédito que “el señor” no autoriza a usar. Los extremos no tardarán en aparecer a menos que sepamos, todos, que la convivencia no puede seguir montada en el abuso y la arbitrariedad. Los ejemplos allí están, como el de Condado de Sayavedra en el estado de México, donde los propios guardias de seguridad atentan contra la vida de habitantes y visitantes, donde se tardan hasta una hora para entrar en horas pico porque todo se revisa con el pretexto de una tranquilidad y seguridad que no saben que ya perdieron.