viernes, 26 de marzo de 2010

MÁS INTELIGENCIA Y MENOS BRUTALIDAD

La injusticia se pone de moda, lo decimos porque no hay medio de comunicación local que no se ocupe del lamentable caso de las indígenas otomíes encarceladas 4 años por un proceso que hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoce que fue prefabricado, que hubo dolo, que resultó armado para castigar a alguien por un error, un exceso, una ilegalidad manifiesta por parte de la policía federal preventiva. Después de 4 años todos se trepan a la demanda de excarcelación, pero nadie se quiere meter a la bronca de proponer y aplicar sanciones a los policías que detonaron el problema, los que falsearon sus testimonios, los abogados y el ministerio público que fueron parte del agravio, al juez que sin tener pruebas ciertas de culpabilidad emitió una sentencia que todos reconocen es injusta. Esos policías, sus jefes, los funcionarios de la PGR, el juez siguen en sus funciones haciendo lo que saben hacer, metiendo personas inocentes a la cárcel mostrando la corrupción y la discriminación que permea las instituciones.
Si la ley no se negocia, si el proceso estuvo “viciado de origen”, entonces ¿porqué no se aplica y se castiga con todo rigor a los responsables de esta injusticia? Mientras haya impunidad el caso de Teresa y Alberta, como antes el de su compañera Jacinta que saliera apenas hace algunos meses, o la mujer cuyo delito fuera darle de comer a los migrantes que pululan a lo largo de la vía del tren que supuestamente los llevará al “sueño americano”, quedarán como meramente anecdóticos, apenas para que algunos se alcancen a lucir.
Nos resistimos a creerlo, seguimos creyendo que la realidad se puede amoldar y no rebasar nuestros miedos. Cuando las víctimas eran cualquier hijo de vecino muchos no hicieron caso, cuando eran mujeres jóvenes, obreras de maquiladoras, a veces madres solteras, que aparecieron muertas en terrenos baldíos propiedad de las buenas conciencias chihuahuenses, se habló de algún loco; varios aparentemente fueron encontrados culpables y encerrados en esas cárceles que renunciaron, desde hace mucho, a la rehabilitación y readaptación social. Y los crímenes siguieron. Desde entonces las denuncias apuntaban hacia grupos de la delincuencia organizada que eran tolerados mientras sus víctimas no fueran de las familias importantes. A las élites políticas, económicas y religiosas no les importó el crecimiento de los delitos y la impunidad mientras no les afectara.
Pero ahora las cosas están cambiando y se salieron de control. El asesinato de ciudadanos americanos vinculados al consulado en Ciudad Juárez fue una provocación, pero lo peor vino después: la demostración descarada de que se miente cuando víctimas inocentes quedan en medio del fuego cruzado entre delincuentes y las fuerzas armadas, en automático, todos se convierten en merecedores no de su mala suerte, sino del accionar irresponsable de los encargados de cuidar el orden y la vida de las personas, que convierten en blanco todo lo que se les atraviese, sin importar el lugar, la hora, sin la menor duda de que hay que tirar a matar. El tiroteo que se alargó por varias calles de la ciudad de Monterrey hasta llegar a las puertas de uno de sus principales centros educativos, el ITESM campus Monterrey, donde la actividad académica nunca duerme y por tanto sus instalaciones están abiertas y funcionando a toda hora, tuvo entre sus consecuencias la muerte, más bien el asesinato de 2 de sus alumnos de posgrado. Inmediatamente, sin la menor duda, reflejando que se declara en automático porque hay línea para hacerlo así, los boletines oficiales les acreditaron la categoría de sicarios, o sea, que merecían morir y que fueron muertos por las disque fuerzas del orden, tuvo que haber la protesta y exigencia de la madre de uno de ellos, Ingeniero en Mecatrónica por el Instituto Tecnológico de Saltillo, para que la rectoría del Tecnológico de Monterrey emitiera un comunicado desmintiendo la información oficial y reconociendo que eran alumnos de excelencia de esa institución.
No podemos seguir tolerando que haya enfrentamientos en lugares públicos, que con el pretexto de que “estamos en guerra” cualquiera se convierta en blanco de las fuerzas armadas, sean las policías, la marina o el ejército, no podemos seguir tolerando que haya víctimas inocentes, se supone que todos los medios con que cuenta el Estado, bien usados, deben evitar que la ciudadanía resulte afectada, pero no, disparan donde quieren y contra quien les da la gana. Parece que el terror quiere imponerse para que aceptemos la pérdida de libertades, que aceptemos los toques de queda, los retenes que detienen todo menos delincuentes, los tiroteos, la invasión ilegal de domicilios, los levantones por simple capricho, por meros rumores mal intencionados, por ajustes de cuentas particulares. No es cierto que “todo se vale”, ese es el mensaje detrás de los detenidos, de los “presuntos responsables” de algún delito que aparecen muertos después de estar en poder de alguna autoridad, lo dicen analistas como Denise Maerker: “Así por casualidad, y por primera vez, los periodistas tenemos evidencia de que una persona detenida por las autoridad es después encontrada muerta y abandonada en el más puro estilo del crimen organizado. Denuncias en este sentido habíamos recibido antes, pero eran imposibles de verificar. El caso del hombre de la camiseta café, cuyo nombre ayer se supo es José Humberto Márquez, no prueba la veracidad de esos casos, ni es por sí misma una prueba de que se trate de una práctica tolerada o promovida dentro de ciertas corporaciones, pero despierta dudas legítimas… Pedir cuentas de estas muertes no es estar del lado de los narcotraficantes, como algunos afirman buscando así acallar las quejas y denuncias. Efectivamente son ellos los enemigos de la sociedad, pero el Estado pelea en nuestro nombre y lo debe hacer dentro de la legalidad y de forma transparente. Por el bien de todos”. Por el bien de todos coincide, desde otra perspectiva el filósofo y catedrático Fernando Savater: “Un país es tanto más seguro, cuantos más ciudadanos tienen interés en cumplir la ley, es decir, hay que crear una complicidad entre los ciudadanos para que les interese cumplir la ley… en México el problema central es la corrupción, porque es lo que impide que el resto de los problemas se resuelvan… El cumplimiento de la ley es el código genético de las democracias… el ciudadano gana si todos cumplen la ley”.
Lo anterior contrasta con la posición calderonista que pierde de vista el bosque por mirar los árboles: "Los mexicanos no nos vamos a dejar dominar por una bola de maleantes que son una ridícula minoría montada sobre el miedo, la corrupción, con la cobardía de muchos durante mucho tiempo… Aquí se combate porque estamos decididos, precisamente a limpiar México. Que va a costar, sí, y lo dije desde el 1 de diciembre de 2006: Va a costar dinero, tiempo, porque esto no puede hacerse en una administración y va a costar por desgracia vidas humanas, pero lo tenemos que hacer… Quiero una nueva infraestructura legal; un nueva infraestructura de instituciones de seguridad pública, policías más confiables y métodos de investigación, sobre todo una recuperación plena de la autoridad del Estado en cada punto del territorio nacional. Eso es lo que quiero". Eso es lo que quiere, no lo que el país necesita, no le declara la guerra a la corrupción ni a la impunidad, no le interesa la causa, prefiere atacar los síntomas aunque eso signifique mexicanos muertos, mientras que lo otro, la pelea contra la corrupción, implicaría funcionarios, jueces, empresarios, banqueros y poderosos encarcelados, allí no se quiere meter.
Hay que recuperar esa tradición liberal que supuestamente se conmemoró con el natalicio de Benito Juárez. Que no se deje de pelear contra el crimen organizado, pero que se cambie de estrategia por una o varias que sí les hagan mella, no que terminen fortaleciéndolos y dejando mal paradas a las supuestas fuerzas del orden. Más inteligencia y menos brutalidad.