sábado, 29 de agosto de 2015

DERECHOS VULNERADOS

Once meses al momento de escribir este texto, once meses de una “verdad histórica” oficial que nadie cree, once meses de luto y vergüenza por la desaparición forzada de 43 estudiantes y la muerte de otros en un enfrentamiento que carece de toda justificación y sentido en un país con un mínimo de dignidad y respeto propio, once meses de impunidad y cinismo. Y siguen fluyendo la información y los datos que reflejan la barbarie cotidiana, toca el turno al informe titulado Niñas y Mujeres sin Justicia —Derechos Reproductivos en México— del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) con la Red de Abogad@s por la Defensa de la Reproducción Elegida (Radar 4°). Casi 304 páginas de información y análisis, datos duros, sustentados; dividido en 6 grandes apartados: Anticoncepción, Aborto legal y seguro, Violencia Obstétrica, Muerte Materna, Reproducción asistida y Vida laboral y reproductiva. Lo primero, se marca la necesidad de abandonar conceptos ya rebasados como el de planificación familiar puesto que se reconocen, dentro de los derechos humanos, los de las niñas y mujeres en general, y los sexuales y reproductivos en particular. El primero da margen para la intervención del Estado en la vida privada de las niñas y mujeres, los segundos respetan ese ámbito de toma de decisiones. Abarcar todo el informe no tiene caso, sería reproducirlo y aquí no cabe, sólo mencionar algo de lo mucho que se puede considerar. Por ejemplo, en nuestro sistema de salud, o lo que queda del mismo, se presiona a las mujeres en proceso de parto a tomar decisiones que influirán en el resto de su vida, se les da a “elegir” si junto con el parto se les pondrá algún anticonceptivo (DIU) que sólo puede ser retirado por el médico, o serán sometidas a una salpingoclasia, con la intención de que sea un método anticonceptivo permanente y definitivo. Resulta evidente que la circunstancia en que se exige la aceptación, a veces acompañada de malos tratos por parte del personal de salud, o de la amenaza de que de no aceptarse se le negará la atención médica, atenta contra los derechos de la mujer para decidir, de manera informada y libre, si quiere o no utilizar algún método anticonceptivo. Suponemos que no es en todos los casos, pero aun siendo excepcional, tal situación no debería de presentarse. Los datos disponibles nos dicen que las “aceptantes de anticoncepción post aborto en Querétaro es del 69%, el cuarto nacional entre los estados con información disponible”, tomando el periodo de Agosto de 2012 a Septiembre de 2013. El mismo porcentaje corresponde a aceptantes de anticoncepción post parto, aunque cambia al octavo nacional. En el país se percibe una tendencia a la anticoncepción forzada en los centros de salud ubicados en, o cercanos a zonas indígenas, lo que indica discriminación, además de que los porcentajes de la misma son muy altos en la población con discapacidad. Hay que considerar que como dice el propio informe «Sin duda, la anticoncepción forzada representa una violación a los derechos humanos. En palabras del entonces Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la salud, Anand Grover, “la libertad en materia de reproducción no debería ser coartada nunca por ninguna persona o por ningún Estado como método de planificación de la familia, de prevención del vih o en el marco de cualquier otro programa de salud pública”. Además, es importante tomar en cuenta que la anticoncepción forzada no sólo se efectúa en contextos hospitalarios posteriores a eventos obstétricos, sino que es una realidad también para mujeres en otras situaciones de vulnerabilidad, como la pobreza, la reclusión o la discapacidad […] De acuerdo con una investigación llevada a cabo por la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal) en Centros de Readaptación Social (Ceresos) en los estados de Guanajuato, Guerrero, Puebla y Querétaro, las mujeres privadas de la libertad en México enfrentan situaciones de anticoncepción forzada en las que se condiciona su acceso a visitas conyugales a la aceptación de un método anticonceptivo. De las mujeres entrevistadas, 17% reportaron haberse sometido a métodos anticonceptivos por obligación y no por deseo propio, lo que habla de un problema grave de contracepción forzada en los centros de reclusión.» Como complemento de lo anterior, en el código penal de Querétaro, así como en los de otros 17 estados, NO se considera la esterilización forzada como delito. Además “sólo en las leyes de salud de 19 entidades federativas se incluyen artículos para sancionar la esterilización forzada en los mismos términos que la Ley General del Salud. La de Querétaro NO contempla sanción. «Del total de adolescentes sexualmente activos reportados por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012, 14.7% de los hombres y 33.4% de las mujeres afirmaron no haber utilizado algún método anticonceptivo en su primera relación sexual […] La cifra de embarazos adolescentes en México es alta y va en aumento. De los países que conforman la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), México tiene la tasa de natalidad más alta entre mujeres de 15 a 19 años, con 64.2 nacimientos por cada mil. De acuerdo con las cifras públicas oficiales, de cada diez adolescentes entre 15 y 19 años, dos han estado embarazadas más de una vez. Asimismo, se estima que 17.4% de los nacimientos totales corresponden a mujeres menores de 20 años. El embarazo adolescente es un problema multifactorial que requiere legislación y políticas públicas dirigidas no sólo a promover y garantizar el acceso a métodos anticonceptivos con consejería amigable y sin discriminación, sino también la atención urgente del Estado para prevenir y atender la violencia sexual, evitar el matrimonio infantil, impartir educación sexual integral, dar acceso a la interrupción legal del embarazo y garantizar una atención médica especializada, entre otros.» Se reporta que 12 estados, entre ellos Querétaro, cuentan con intérpretes para proveer consejería sobre métodos anticonceptivos, pero carece de un manual para el personal que proveerá esa consejería a la población indígena. Tampoco cuenta con material audiovisual para personas de habla indígena o debilidad visual. Seguimos siendo el país de la simulación «El 23 de enero de 2015, el Presidente Enrique Peña Nieto presentó públicamente la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes que plantea como objetivos principales para 2030 disminuir en 50% los embarazos en adolescentes de entre 15 y 19 años de edad y erradicar los embarazos en niñas menores de 15 años […] aunque la Estrategia reconoce la gravedad de la violencia sexual cometida en contra de niñas y adolescentes en México, no contempla como acción prioritaria garantizar el acceso a las víctimas de violencia sexual a servicios de salud como el suministro de la Pastilla de Anticoncepción de Emergencia (PAE) o el acceso a servicios de aborto legal por violación contemplados en la Ley General de Víctimas y en la NOM 046 en materia de violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Asimismo, a pesar de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es la dependencia federal encargada del desarrollo de políticas públicas en materia de atención y protección a las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos en México, no fue considerada dentro de la Estrategia como una de las instituciones clave para su implementación. Por otra parte, la Estrategia no considera la implementación de servicios de salud especializados para niñas y adolescentes embarazadas, quienes corren un alto riesgo de muerte o de afectaciones graves a su salud. Por último, resulta preocupante que la Estrategia no señala la fuente de los recursos necesarios para su implementación. Sin presupuesto asignado, difícilmente podrá cumplir sus objetivos.» Hay mucha información adicional, si interesa se puede consultar el informe completo en: gire.org.mx