Desde hace rato pareciera que las cosas han llegado a su límite, que este país necesita cambios hacia adelante, porque como dijera el clásico “la reversa también es un cambio” y ese es el problema. Las pretendidas reformas legales están llenas de cambios hacia atrás, a recuperar privilegios alguna vez perdidos, aunque sea momentáneamente.
Curioso que a pesar de que necesitemos esos cambios les tengamos miedo, pero es que la violencia extrema provoca parálisis, provoca creer que no hay más camino que el señalado aunque haya otros ya probados. Nadie le está pidiendo al gobierno que deje de pelear contra la delincuencia organizada, sí se le está pidiendo que cambie la estrategia, que la lucha armada sea uno de los recursos y no el único, que el uso legítimo de la violencia no sea el centro de su quehacer cotidiano porque traslada las batallas a espacios públicos como las calles y avenidas, como las plazas y centros comerciales, como las escuelas y las viviendas, y entonces las víctimas podemos ser cualquiera, como ha estado sucediendo de unos años a la fecha.
Estos días son importantes porque puede cristalizar un movimiento social que agrupe todos esos sufrimientos, todas esas frustraciones, todos esos mal llamados “daños colaterales” que reflejan el desgarrado tejido social que padecemos. Esa marcha que salió el día de ayer de Morelos para llegar el domingo al Zócalo de nuestro país puede lograr que los ciudadanos, que no somos delincuentes, podamos ser considerados como interlocutores válidos, que podamos exigir una estrategia más efectiva y menos costosa, que no sacrifique la seguridad, que no incremente la violencia, que no requiera de más muertos.
Hace apenas 3 días, el filósofo Fernando Savater en una conferencia titulada Legalidad y Ciudadanía, celebrada en la ciudad de Puebla, afirmaba lo que la experiencia internacional ha comprobado y que en nuestro caso puede resumirse en que “La impunidad corrompe más a México que la problemática de la inseguridad […]que el dilema no es la integración de nuevas leyes sino lograr que las existentes castiguen en su justa dimensión a quienes cometen delitos, es decir, no tolerar bajo ninguna circunstancia la impunidad.” Podemos agregar que la solución no es incrementar la penalidad para los delitos más frecuentes o graves, sino que los que los cometen en realidad sean castigados, que no se libren por la corrupción, que no se burlen de todos por la impunidad que da el poder político, económico o religioso. Lo peor del caso es que la lucha contra la impunidad debe darse de arriba hacia abajo, y los que están arriba prefieren que las víctimas seamos los que estamos abajo, por eso la negativa a cambiar la forma de enfrentar a la delincuencia.
Nadie está pidiendo una rendición, tampoco se puede pactar con delincuentes, a estos hay que imponerles la fuerza de la ley, la fortaleza de un estado con un tejido social sano, con ciudadanos que no teman ejercer todas sus potencialidades, hacer uso de su libertad; por eso la libertad y la democracia están estrechamente relacionadas, y por eso, en un ambiente de violencia, de inseguridad, de impunidad, la democracia no puede desarrollarse y aparece la tentación de las cláusulas de gobernabilidad, los cambios hacia atrás como falsa respuesta a la falta de acuerdos.
Eso es lo que está en juego, esta vez en una marcha que resume la insatisfacción y el rechazo a una estrategia inadecuada, el 8 de mayo por la tarde, en el corazón del país, en los corazones que son las plazas públicas principales de los estados y quizás de algunos municipios, las verdaderas víctimas recuperarán su voz y dirán “ya basta”.
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