Es cierto que una prueba no lo dice todo, no es lo mismo contestar preguntas de opción múltiple que enfrentarse a problemas en la vida cotidiana y saber resolverlos de la mejor manera, también es cierto que hay escuelas que trabajan para enseñar a sus estudiantes cómo resolverla aunque eso implique no cubrir los programas, también que la evaluación se pervierte al ofrecer estímulos económicos a escuelas, profesores y grupos que logren puntajes altos, pero al menos es un esfuerzo caro para evaluar nuestro sistema educativo.
Parece haber cierta coincidencia: hay un estancamiento con todo y la implementación de reformas presuntamente ambiciosas y dirigidas en el sentido correcto. Nuestro país ha estado padeciendo la puesta en marcha de dos reformas recientes, la RIEB (Reforma Integral a la Educación Básica) y la RIEMS (Reforma Integral a la Educación Media Superior), la cantidad de recursos, de horas, de trabajos dedicados a las mismas parecen no estar dando resultados, y es que se nos olvidó que el factor principal es la convicción de los docentes de que es necesario cambiar y el consenso de hacia dónde hacerlo.
Los resultados siguen hablando de un desastre anunciado, en el análisis comparativo hecho por la propia SEP señala que entre el año pasado y este, en primaria, en español, en los niveles “bueno” y “excelente” se pasa del 32.8 al 36.9 por ciento, un avance de 4.1 puntos porcentuales; en matemáticas el problema es mucho más grave, ya que los puntajes óptimos apenas se alcanzan en una proporción bajísima de la población estudiantil, se concentra en los mismos niveles señalados el 9.4 (en 2009) y el 11.2 por ciento este año, apenas una diferencia de 1.8 puntos porcentuales, demasiado pequeño para considerarse significativo. Si se comparan los resultados aceptables (bueno y excelente), los de español rebasan en un 30 por ciento a los de matemáticas.
Para el tercer grado de secundaria los resultados son peores porque no hay cambios, lo que revela que la reforma en este nivel no está sirviendo, para español, en los niveles “bueno” y “excelente”, hay un retroceso mínimo de 0.30 puntos porcentuales al pasar de 18.2 al 17.9 por ciento. El problema no es sólo ese, ya que el resultado es de apenas la mitad de lo que obtienen los alumnos de primaria en la misma materia. En “habilidad matemática” se pasa del 18.7 el año pasado, al 20.3 por ciento en este, apenas un incremento de 1.6 puntos, aunque los datos son mejores si se compara con “matemáticas” en primaria.
Por lo menos en educación media superior las cosas no pintan tan feas, de tener un porcentaje de 49.8 en “habilidad lectora” agrupados en los niveles “bueno” y “excelente” en el año pasado, en este sube a 57.2, es decir un avance de 7.4 puntos porcentuales; como contraste, ese resultado se ve opacado por lo señalado en “habilidad matemática”, donde apenas hay un cambio del 18.7 al 20.3 por ciento, y aún así se encuentra por lo menos un tercio abajo (35.4%) de la “habilidad lectora”.
Procesar los datos del estado con respecto al país, de cada alumno, de cada escuela por turnos y comparar todo con los respectivos promedios es algo que escapa a este texto. Pero sí podemos señalar que, como advierten algunos especialistas en temas educativos, cuando los avances son mínimos estos pueden deberse a que los estudiantes ya han realizado la prueba ENLACE anteriormente, en otro nivel educativo, y saben cómo se responde y ya no hay sorpresa o confusión al respecto, es decir sería un efecto de “habituación” a la prueba y no un avance real lo que se esté midiendo, por eso se habla de que si algo se revela es un estancamiento, malo por el contexto en que se da, que es el de las reformas educativas ya señaladas que debieran estar mostrando sus primeros efectos positivos.
También, y es importante subrayarlo, parece existir una relación estrecha entre los resultados en “habilidad lectora” y “habilidad matemática”, entre mayor es la primera aumenta la segunda. Nada sorprendente si consideramos que el manejo del lenguaje, la comprensión lectora, tienen que ver con el manejo de conceptos concretos y abstractos, y que estos últimos son la base de las matemáticas. Pero nuestros directivos siguen pensando a contracorriente, a los malos resultados en las materias que tienen que ver con ese pensamiento abstracto (llámense álgebra, cálculo, estadística y probabilidad o como sea), responden con un incremento de horas para las mismas, lo que deviene en más horas de incomprensión y mayor frustración para los muchachos, en lugar de incrementar las dedicadas a la “comprensión” de lo que se lee, de lo que se vive, de lo que se siente y a su expresión escrita, para después o conjuntamente, abordar el lenguaje matemático o el de las lenguas extranjeras.
Finalmente, quiero agradecer a los lectores que han mandado sus opiniones a través del correo electrónico, algunos se han tomado la molestia de compartir datos sobre eficiencia terminal de algunas instituciones educativas, que es otra forma importante de medir los resultados, y que por su extensión e importancia ya no hay espacio para tratarlos aquí. Habrá que hacerlo en las próximas semanas.
viernes, 3 de septiembre de 2010
sábado, 28 de agosto de 2010
AUSTEROS Y ECONÓMICOS
Con eso de la alternancia que se confunde con democracia, se pusieron de moda una serie de prácticas políticas que se quieren hacer pasar como normales, es más, en lugar de que sean reprobables ahora piden que las aplaudamos.
Me explico y ejemplifico con el proceso electoral del año pasado. Los diferentes candidatos, con tal de ganar, hicieron alianzas hasta con el diablo, y este se les apareció en forma de múltiples personajes que disque tenían el control de grupos de votantes o que a cambio de dinero transformado en encuestas amañadas, en promoción en los medios disfrazado de noticias, de guerra sucia –espionaje, difusión de imágenes “comprometedoras”, rumores de renuncias, etc— cooptación de líderes de opinión, intentos de compra de votos y todo lo que se les ocurrió, “cooperaron” en el cambio de preferencias electorales y produjeron votaciones que nadie se esperaba, ni los mismos candidatos.
Un mérito que debiera de ser de los ciudadanos, que ya estaban hartos no sólo de la corrupción sino también del cinismo y la hipocresía, fue secuestrado por innumerables grupitos políticos que presumieron una fuerza e influencia que de seguro no tuvieron y ya no tendrán.
El problema es que esos grupitos pasaron la factura, exigieron puestos en las administraciones recién llegadas, esperando “recuperar” lo que supuestamente invirtieron, por eso en dependencias y municipios se duplicó la nómina. No sólo se quedaron muchos de los que ya estaban porque no hubo dinero para liquidarlos o porque alcanzaron algo de protección, también se incorporaron los “nuevos” recomendados, los que supuestamente, con su trabajo y dedicación, indujeron los votos que los llevaron a un triunfo en el que ni ellos mismos creían. Quizás no se habló pero sí se supuso, esas facturas políticas tienen fecha de caducidad, más por tradición, por usos y costumbres, que por haber estado pactadas. Su vencimiento abarca un tiempo que va de la toma de posesión de los gobiernos hasta su primer informe o, cuando mucho, un año. Y todo eso se ha hecho con recursos públicos, por eso no hay para obra pública, apenas se inauguran mediáticamente algunos programas y al día siguiente desaparecen por inviables, o hay que contratar deuda pública para cumplir con la nómina abultada y viene las crisis de las prestaciones decembrinas, con la advertencia del secretario de finanzas estatal de que no habría más rescates. Pero mientras, se sangra el dinero que pagamos por impuestos, no sólo los ya pagados, también los que se pagarán en el futuro con todo e intereses. En el inter, las prioridades seguirán esperando aunque en los discursos estén presentes.
Pero el tiempo no perdona, ya se cumple el año y cada gobernante necesita consolidar su propio equipo político, requiere deshacerse de lastres que no contribuyen en nada a la marcha de una administración que será, ante los ojos ciudadanos, responsabilidad de una sola persona, por la que votaron esperando un cambio. Si las cosas salen mal su nombre, su fama pública, con el rechazo ciudadano y la amenaza de la alternancia quedarán manchados para siempre, y algunos todavía son muy jóvenes para soportarlo.
Pero esos demonios que andan sueltos no se irán sin resistirse, sin gritonear, sin llamarlos malagradecidos, sin decirles que sin ellos no son nada, amenazando con la debacle, filtrando documentos a la prensa no por honestidad, sino por simple y mezquina conveniencia.
Del otro lado, la medida pretenderá disfrazarse de austeridad, de privilegiar la obra pública por sobre los gastos de una nómina por demás abultada e innecesaria, de lograr el apoyo ciudadano para deshacerse de esos que ahora les estorban y que de mantenerse donde están les impedirán gobernar, porque son buenos para destruir pero no para cooperar.
En lo que se da ese proceso, vienen las propuestas privatizadoras, las de construir en espacios públicos estacionamientos que después se “concesionarán” a empresas cuyos dueños se parecen entre sí, los reacomodos, los “ahora sí hay planes” y todo por austeros y económicos. Como no.
Me explico y ejemplifico con el proceso electoral del año pasado. Los diferentes candidatos, con tal de ganar, hicieron alianzas hasta con el diablo, y este se les apareció en forma de múltiples personajes que disque tenían el control de grupos de votantes o que a cambio de dinero transformado en encuestas amañadas, en promoción en los medios disfrazado de noticias, de guerra sucia –espionaje, difusión de imágenes “comprometedoras”, rumores de renuncias, etc— cooptación de líderes de opinión, intentos de compra de votos y todo lo que se les ocurrió, “cooperaron” en el cambio de preferencias electorales y produjeron votaciones que nadie se esperaba, ni los mismos candidatos.
Un mérito que debiera de ser de los ciudadanos, que ya estaban hartos no sólo de la corrupción sino también del cinismo y la hipocresía, fue secuestrado por innumerables grupitos políticos que presumieron una fuerza e influencia que de seguro no tuvieron y ya no tendrán.
El problema es que esos grupitos pasaron la factura, exigieron puestos en las administraciones recién llegadas, esperando “recuperar” lo que supuestamente invirtieron, por eso en dependencias y municipios se duplicó la nómina. No sólo se quedaron muchos de los que ya estaban porque no hubo dinero para liquidarlos o porque alcanzaron algo de protección, también se incorporaron los “nuevos” recomendados, los que supuestamente, con su trabajo y dedicación, indujeron los votos que los llevaron a un triunfo en el que ni ellos mismos creían. Quizás no se habló pero sí se supuso, esas facturas políticas tienen fecha de caducidad, más por tradición, por usos y costumbres, que por haber estado pactadas. Su vencimiento abarca un tiempo que va de la toma de posesión de los gobiernos hasta su primer informe o, cuando mucho, un año. Y todo eso se ha hecho con recursos públicos, por eso no hay para obra pública, apenas se inauguran mediáticamente algunos programas y al día siguiente desaparecen por inviables, o hay que contratar deuda pública para cumplir con la nómina abultada y viene las crisis de las prestaciones decembrinas, con la advertencia del secretario de finanzas estatal de que no habría más rescates. Pero mientras, se sangra el dinero que pagamos por impuestos, no sólo los ya pagados, también los que se pagarán en el futuro con todo e intereses. En el inter, las prioridades seguirán esperando aunque en los discursos estén presentes.
Pero el tiempo no perdona, ya se cumple el año y cada gobernante necesita consolidar su propio equipo político, requiere deshacerse de lastres que no contribuyen en nada a la marcha de una administración que será, ante los ojos ciudadanos, responsabilidad de una sola persona, por la que votaron esperando un cambio. Si las cosas salen mal su nombre, su fama pública, con el rechazo ciudadano y la amenaza de la alternancia quedarán manchados para siempre, y algunos todavía son muy jóvenes para soportarlo.
Pero esos demonios que andan sueltos no se irán sin resistirse, sin gritonear, sin llamarlos malagradecidos, sin decirles que sin ellos no son nada, amenazando con la debacle, filtrando documentos a la prensa no por honestidad, sino por simple y mezquina conveniencia.
Del otro lado, la medida pretenderá disfrazarse de austeridad, de privilegiar la obra pública por sobre los gastos de una nómina por demás abultada e innecesaria, de lograr el apoyo ciudadano para deshacerse de esos que ahora les estorban y que de mantenerse donde están les impedirán gobernar, porque son buenos para destruir pero no para cooperar.
En lo que se da ese proceso, vienen las propuestas privatizadoras, las de construir en espacios públicos estacionamientos que después se “concesionarán” a empresas cuyos dueños se parecen entre sí, los reacomodos, los “ahora sí hay planes” y todo por austeros y económicos. Como no.
sábado, 21 de agosto de 2010
DERECHOS DISLOCADOS
Este lunes terminan las vacaciones escolares, las cifras de alumnos que regresarán a las aulas es impresionante, tan sólo en nuestro estado y refiriéndonos a la educación básica son más de 415 mil abarcando la pública y privada. Los niveles superiores ya tienen dos semanas de actividad escolar y en esta etapa histórica de bono demográfico las cifras son, también, casi increíbles, tan sólo el sistema Colegio de Bachilleres anda por los 25 mil alumnos y no hay, todavía, una cifra exacta porque se siguen inscribiendo y hay una buena cantidad de primer ingreso en calidad de “oyentes” porque les falta terminar el proceso de entrega de documentación.
Como sea, el número de estudiantes da una pequeña idea del talento y las capacidades que se pueden y deben desarrollar en el aula. Desafortunadamente tenemos deudas sociales pendientes en lo referente al derecho a la educación.
Me explico. Es frecuente que las autoridades educativas festejen las cifras de cobertura que ha alcanzado el sistema educativo nacional, pero detrás de esos porcentajes casi fabulosos están escondidos rezagos graves que no hemos querido ver. El informe titulado “El Derecho a la Educación en México” presentado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), revela datos importantes citados por la investigadora educativa Leticia Araujo en la Revista Educación 2001 de julio de este año, como estos: “de cada 100 niños de 6 a 11 años, 98 asisten a la escuela. Al ser este un alto porcentaje, pareciera que la cobertura está casi resuelta, sin embargo, lo anterior es cierto sólo para el 88% de quienes entre 4 y 5 años, para 92% de los de 12 a 14, y para 65% de los de 15 a 17 años. Las cifras de niños que no asisten a la escuela son significativas: poco más de 480 mil de 4 a 5 años; 240 mil de 6 a 11; 574 mil de 12 a 14 años y 2.4 millones de 15 a 17. La inasistencia a la escuela va de entre 20 y 30 por ciento de los niños de 5 a 14 años de edad”. Es decir, el problema no es sólo de cobertura, sino de cómo la desigualdad social le está pegando a la asistencia escolar y al incumplimiento de ese derecho a la educación.
Pero el derecho a la educación no se refiere sólo a los que no pueden asistir a la escuela aunque la tengan relativamente cerca, también abarca a la adquisición de saberes y aprendizajes que resulten relevantes para los que sí asisten y a los que no se podría acceder fuera de la escuela. Es decir, se demuestra que la escuela es indispensable para el desarrollo integral de los escolapios. Lo anterior nos lleva a considerar los índices de reprobación y deserción como algo más que simples números. Un maestro que tiene altos niveles de reprobación porque no es capaz de lograr aprendizajes relevantes de sus alumnos, no sólo está atentando contra los indicadores académicos de la institución para la que trabaja, sino que está atentando contra el derecho a la educación de los alumnos puestos bajo su cargo y responsabilidad, y no se trata de regalar calificaciones para que todos pasen, sino de lograr esos aprendizajes que marcan la diferencia entre como iniciaron el ciclo escolar y como lo terminaron. Por eso es un crimen que las instituciones educativas mantengan dentro de su plantilla laboral a esos maestros que, además de no cumplir con los objetivos de la institución, tampoco, y más grave, garantizan que los alumnos que tienen en el aula logren esos aprendizajes o desarrollen esas competencias que les serán indispensables en su vida actual y futura. Ejemplos de esa ineficacia y corrupción hay muchos, seguramente se nos viene más de un nombre a la cabeza mientras leemos este texto.
La desigualdad económica y social también penetra nuestras escuelas, baste decir que “seis de cada diez escuelas del área rural o indígena no cuentan con drenaje ni agua entubada mientras que el área urbana, 15% de los planteles tienen problemas con estos servicios”.
Regresemos a lo local y a la necesidad de que los sistemas educativos funcionen de forma más o menos coherente entre sí, porque si una parte se disloca todos los elementos restantes a su alrededor pierden el equilibrio y se ven afectados. Parece ser el caso del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ), en colaboraciones anteriores insistimos en que la oficina del gobernador debiera poner atención a lo que ocurre dentro de ese sistema de educación media superior, por su tamaño, por el número de alumnos que atiende, por su importancia para el desarrollo del estado. Da la impresión de que en lugar de avanzar existen retrocesos. Desde el inicio de esta administración, desde las oficinas centrales del COBAQ se corrió la versión de que su director no duraría mucho en el cargo, que suspiraba por irse al Instituto Politécnico Nacional y que su puesto actual sólo era una estación de paso, que sólo se preocuparía por colocar a su gente desplazando a quien fuera, de hecho ya hubo artículos periodísticos en otros medios dando cuenta de algunas presuntas irregularidades, hasta desplegados se pagaron, la respuesta ha sido el silencio y la instauración de prácticas que parecen poco lógicas. Por ejemplo, la cuota por semestre que abarca la inscripción o reinscripción es de 825 pesos, más, en algunos casos el pago por uso del laboratorio de informática que es de 220 pesos, para dar un total de 1 mil 45 pesos, pero tan sólo el costo del uniforme deportivo que es obligatorio es de 800 pesos, a lo que hay que sumar lo que cuesta el uniforme de diario, entre los dos rebasan el costo de inscripción semestral. Hace no mucho, los ingresos producto de la renta de las cafeterías eran para sufragar los gastos más urgentes de cada plantel, ahora todo lo concentran las oficinas centrales y esos recursos no regresan en materiales y servicios, mientras, en los planteles no hay butacas suficientes, se tienen alumnos con sillas que no tienen donde recargarse para escribir o apoyados en tablones para 10 personas, no hay para marcadores ni papelería, no hay para actualizar los equipos de cómputo; se inauguran instalaciones que carecen de laboratorios, con los puros cascarones de aulas. Las cada vez más precarias condiciones no han afectado significativamente el trabajo porque los docentes y administrativos hacen milagros con lo poco que tienen, pero de seguir las cosas como van el sistema COBAQ tendrá graves daños que repercutirán en sus estudiantes.
Dislocada la dirección general los demás elementos se afectan, hasta el sindicato (STSPE) anda pidiendo públicamente la cabeza de directores de plantel y de funcionarios administrativos en lugar de exigir la desaparición de prácticas que atentan contra el buen clima laboral y los derechos de los trabajadores sin solapar corrupciones e ineficiencias, señalar personas en particular lo pone, innecesariamente, en plan de juez y parte, porque si se le cumple con las destituciones que pide y llega alguien peor, poco podrá hacer para inconformarse puesto que se hizo lo que pidió. Además, a río revuelto ganancia de oportunistas. En fin, ojalá que ahora sí se tomen medidas acordes con la importancia de la educación media superior pública, la que se paga con nuestros impuestos, en lugar de responder a la presión de grupos políticos que piden el pago de facturas con cargo al derecho a la educación.
Como sea, el número de estudiantes da una pequeña idea del talento y las capacidades que se pueden y deben desarrollar en el aula. Desafortunadamente tenemos deudas sociales pendientes en lo referente al derecho a la educación.
Me explico. Es frecuente que las autoridades educativas festejen las cifras de cobertura que ha alcanzado el sistema educativo nacional, pero detrás de esos porcentajes casi fabulosos están escondidos rezagos graves que no hemos querido ver. El informe titulado “El Derecho a la Educación en México” presentado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), revela datos importantes citados por la investigadora educativa Leticia Araujo en la Revista Educación 2001 de julio de este año, como estos: “de cada 100 niños de 6 a 11 años, 98 asisten a la escuela. Al ser este un alto porcentaje, pareciera que la cobertura está casi resuelta, sin embargo, lo anterior es cierto sólo para el 88% de quienes entre 4 y 5 años, para 92% de los de 12 a 14, y para 65% de los de 15 a 17 años. Las cifras de niños que no asisten a la escuela son significativas: poco más de 480 mil de 4 a 5 años; 240 mil de 6 a 11; 574 mil de 12 a 14 años y 2.4 millones de 15 a 17. La inasistencia a la escuela va de entre 20 y 30 por ciento de los niños de 5 a 14 años de edad”. Es decir, el problema no es sólo de cobertura, sino de cómo la desigualdad social le está pegando a la asistencia escolar y al incumplimiento de ese derecho a la educación.
Pero el derecho a la educación no se refiere sólo a los que no pueden asistir a la escuela aunque la tengan relativamente cerca, también abarca a la adquisición de saberes y aprendizajes que resulten relevantes para los que sí asisten y a los que no se podría acceder fuera de la escuela. Es decir, se demuestra que la escuela es indispensable para el desarrollo integral de los escolapios. Lo anterior nos lleva a considerar los índices de reprobación y deserción como algo más que simples números. Un maestro que tiene altos niveles de reprobación porque no es capaz de lograr aprendizajes relevantes de sus alumnos, no sólo está atentando contra los indicadores académicos de la institución para la que trabaja, sino que está atentando contra el derecho a la educación de los alumnos puestos bajo su cargo y responsabilidad, y no se trata de regalar calificaciones para que todos pasen, sino de lograr esos aprendizajes que marcan la diferencia entre como iniciaron el ciclo escolar y como lo terminaron. Por eso es un crimen que las instituciones educativas mantengan dentro de su plantilla laboral a esos maestros que, además de no cumplir con los objetivos de la institución, tampoco, y más grave, garantizan que los alumnos que tienen en el aula logren esos aprendizajes o desarrollen esas competencias que les serán indispensables en su vida actual y futura. Ejemplos de esa ineficacia y corrupción hay muchos, seguramente se nos viene más de un nombre a la cabeza mientras leemos este texto.
La desigualdad económica y social también penetra nuestras escuelas, baste decir que “seis de cada diez escuelas del área rural o indígena no cuentan con drenaje ni agua entubada mientras que el área urbana, 15% de los planteles tienen problemas con estos servicios”.
Regresemos a lo local y a la necesidad de que los sistemas educativos funcionen de forma más o menos coherente entre sí, porque si una parte se disloca todos los elementos restantes a su alrededor pierden el equilibrio y se ven afectados. Parece ser el caso del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ), en colaboraciones anteriores insistimos en que la oficina del gobernador debiera poner atención a lo que ocurre dentro de ese sistema de educación media superior, por su tamaño, por el número de alumnos que atiende, por su importancia para el desarrollo del estado. Da la impresión de que en lugar de avanzar existen retrocesos. Desde el inicio de esta administración, desde las oficinas centrales del COBAQ se corrió la versión de que su director no duraría mucho en el cargo, que suspiraba por irse al Instituto Politécnico Nacional y que su puesto actual sólo era una estación de paso, que sólo se preocuparía por colocar a su gente desplazando a quien fuera, de hecho ya hubo artículos periodísticos en otros medios dando cuenta de algunas presuntas irregularidades, hasta desplegados se pagaron, la respuesta ha sido el silencio y la instauración de prácticas que parecen poco lógicas. Por ejemplo, la cuota por semestre que abarca la inscripción o reinscripción es de 825 pesos, más, en algunos casos el pago por uso del laboratorio de informática que es de 220 pesos, para dar un total de 1 mil 45 pesos, pero tan sólo el costo del uniforme deportivo que es obligatorio es de 800 pesos, a lo que hay que sumar lo que cuesta el uniforme de diario, entre los dos rebasan el costo de inscripción semestral. Hace no mucho, los ingresos producto de la renta de las cafeterías eran para sufragar los gastos más urgentes de cada plantel, ahora todo lo concentran las oficinas centrales y esos recursos no regresan en materiales y servicios, mientras, en los planteles no hay butacas suficientes, se tienen alumnos con sillas que no tienen donde recargarse para escribir o apoyados en tablones para 10 personas, no hay para marcadores ni papelería, no hay para actualizar los equipos de cómputo; se inauguran instalaciones que carecen de laboratorios, con los puros cascarones de aulas. Las cada vez más precarias condiciones no han afectado significativamente el trabajo porque los docentes y administrativos hacen milagros con lo poco que tienen, pero de seguir las cosas como van el sistema COBAQ tendrá graves daños que repercutirán en sus estudiantes.
Dislocada la dirección general los demás elementos se afectan, hasta el sindicato (STSPE) anda pidiendo públicamente la cabeza de directores de plantel y de funcionarios administrativos en lugar de exigir la desaparición de prácticas que atentan contra el buen clima laboral y los derechos de los trabajadores sin solapar corrupciones e ineficiencias, señalar personas en particular lo pone, innecesariamente, en plan de juez y parte, porque si se le cumple con las destituciones que pide y llega alguien peor, poco podrá hacer para inconformarse puesto que se hizo lo que pidió. Además, a río revuelto ganancia de oportunistas. En fin, ojalá que ahora sí se tomen medidas acordes con la importancia de la educación media superior pública, la que se paga con nuestros impuestos, en lugar de responder a la presión de grupos políticos que piden el pago de facturas con cargo al derecho a la educación.
sábado, 14 de agosto de 2010
JÓVENES Y GLOBALIZACIÓN
Durante años estuvimos esperando la fecha, era el momento en que el país tendría, producto de los cambios en el perfil poblacional y por las políticas que sobre el sector se implementaron, la mayoría de su población ubicada entre los 15 y los 29 años de edad. Todos los cálculos demográficos indicaban que en este año nuestra población juvenil sería mayoría en los centros de estudios y en la planta productiva; eso tendría al menos dos efectos importantes, por un lado, en las aulas de las instituciones de educación media y superior se estarían formando los mexicanos del siglo 21, los que sacarían al país de sus tradicionales y lacerantes rezagos históricos y, por el otro, serían la fuerza laboral indispensable para producir con calidad y cantidad suficientes, para poner a México en el mapa de la modernidad, además de que con sus participaciones solidarias en los fondos de pensiones los mayores tendríamos garantizado el derecho a una jubilación digna y bien merecida, y con el pago de sus impuestos las instituciones de salud, educación y demás tendrían recursos más que suficientes para seguir operando.
Pero la realidad propone y nuestros gobernantes lo descomponen. Nuestro “bono demográfico” al que nos referimos antes, en lugar de convertirse en una esperanza cumplida se convirtió en un problema más. La generación de los “ninis”, jóvenes que ni estudian ni trabajan y que algo tienen que hacer, es el saldo de incorrectas e irresponsables políticas públicas apoyadas en modelos económicos impuestos a través de la globalización.
Llegamos pues a este 2010 desesperanzados y con los siguientes datos sobre nuestra población juvenil, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y en el marco del Día Internacional de la Juventud, “En el país 14.9 millones de hombres y mujeres jóvenes se encuentran en pobreza, 3.3 millones en pobreza extrema y 12.1 millones son vulnerables por carencias sociales”, toda una debacle porque le pega no sólo a esa generación sino a las más viejas que se debaten entre la inseguridad laboral, la degradación de sus ingresos y nivel de vida, y el desmantelamiento de las instituciones y las prestaciones sociales ya ganadas, que debieran asegurar su bienestar para los años por venir.
Las cifras son dolorosas por injustas y apabullantes: “Los jóvenes en pobreza tienen en promedio 1.9 carencias sociales, de las cuales 18.1 por ciento tenían rezago educativo; 44.7 no contaban con acceso a los servicios de salud; 68 por ciento no tenían acceso a la seguridad social; 18.1 presentaban carencia en la calidad y en los espacios en la vivienda.
Mientras que 19.1% no tenían acceso a los servicios básicos en la vivienda, y 22% por acceso a la alimentación”. Nuestros jóvenes no tienen trabajo seguro, ni salario remunerador, ni acceso suficiente a las instituciones educativas de niveles superiores, por tanto tampoco tienen derecho a la vivienda --¿con qué la pagan o consiguen prestado si no tienen un trabajo estable?—ni derecho a la salud porque muchos ya son mayores de edad y no siguen estudiando, no porque no quieran sino porque no hay cupo y, sin trabajo ni estudio pues cómo consiguen para comer.
Pero las “transformaciones” sociales que estamos padeciendo son por apegarse estrictamente a políticas económicas, sociales y de seguridad que no nos sirven. El investigador Daniel Cohen da cuenta de esos cambios y sus efectos de manera sintética y entendible: “En la antigua fábrica fordista, el trabajador era siempre un trabajador (si trabajan es que no están bebiendo, como dijo Ford) siguiera la trayectoria que siguiera. En el mundo que vemos desplegarse hoy, se corre permanentemente el riesgo de “perderlo todo”. El profesional de alto nivel, depositario de un saber “único”, puede sufrir un descenso repentino y brutal al volverse incompetente por la aparición de una nueva tecnología; un trabajador “específico” es, por definición, alguien que lo arriesga todo ante la posibilidad de que su compañía caiga en bancarrota o decida que sus trabajadores se han vuelto redundantes. Finalmente, el tercer tipo de capital, acumulado en el transcurso de la vida individual, puede acabar perdiéndose cuando los trabajadores son excluidos a perpetuidad del mercado laboral y caen en el círculo vicioso de la pobreza y la desocialización”. Cualquier semejanza con la realidad que viven los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, de los pilotos y sobrecargos de Mexicana, por mencionar sólo los más visibles y recientes, no es mera coincidencia.
Y entonces, como resultado de ese desgarramiento en el tejido social, de ese olvido de la solidaridad, aparece como propuesta engañosa el individualismo, el que cada quien se rasque con sus propias uñas, la sensación de irresponsabilidad y fracaso personal por no tener lo que antes se consideraba debería de estar garantizado por instituciones sociales comunes y en las que participábamos todos.
Esa orfandad social que vuelve exclusivamente personales los fracasos en las políticas sociales y económicas de todo un país, un continente o de un modelo de mundo global que sólo atiende a los intereses de los más ricos e insensibles.
¿Cómo recuperar esa vida en sociedad? Donde todos nos hacemos responsables de todos, donde pesa más lo que nos hace iguales respetando nuestras diferencias, donde forjamos un destino común. El profesor de sociología de la universidad de Leeds en Inglaterra Zygmunt Bauman (La sociedad sitiada) lo expresa así: “Lo que parece haberse esfumado (si ha sido para siempre o sólo por el momento, es algo que queda aún por descubrir) es la imagen de la sociedad como “propiedad común” de sus miembros, cuyo cuidado, dirección y administración es posible concebir, al menos en un principio, en común; la creencia de que cualquier cosa que cada uno de los miembros haga o se abstenga de hacer es relevante tanto para la sociedad como un todo como para cada individuo en particular; así como se ha esfumado la confianza de que “juntos podemos hacerlo” y la convicción de que hacerlo o no hacerlo hacen una diferencia, la única diferencia que en verdad cuenta”.
Por eso no podemos ser indiferentes a lo que pasa con nuestros jóvenes, nuestros viejos, los trabajadores y desempleados, los niños y los discapacitados, debemos recuperar ese destino común pero ahora a una escala planetaria, porque la globalización llegó para quedarse y porque se puede aprovechar para beneficio de todos. Pero para eso, los beneficios sólo para unos cuantos deben desaparecer, y no se van a dejar sólo con palabras.
viernes, 6 de agosto de 2010
LA NARCOGUERRA EN LOS MEDIOS
“No hemos sabido explicar qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, qué es lo que estamos viendo a nuestro alrededor; no tenemos tampoco el control de la información estatal […] la comunicación no ha sido propiamente lo fuerte […] créanme que no hay mucho tiempo para la reflexión y el análisis.” Felipe Calderón Hinojosa en la segunda sesión del “Diálogo por la seguridad” realizada el 03 de Agosto del 2010.
Cualquiera se preguntaría, cómo es posible en las condiciones planteadas arriba se haya declarado una “guerra” contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.
Pero vamos por partes. Un conflicto interno del tamaño que estamos viendo y con las consecuencias macabras resultantes, según el CISEN 28 mil asesinatos en lo que va del sexenio actual, se enfrenta en diferentes campos de batalla, uno de ellos y de los más importantes es la percepción de la ciudadanía y aquí el papel de los medios de comunicación es crucial.
Hace casi dos años, el dos de septiembre del 2008, el mismo Felipe Calderón declaró y sus palabras fueron difundidas por todos los medios impresos y electrónicos, que: “parte del compromiso que hemos pedido a los medios en no caer en la propia estrategia comunicacional del crimen organizado, que también libra contra nosotros una guerra mediática. No voy a entrar ahorita a la responsabilidad de los medios, pero hay un tema… sabemos exactamente por qué les está doliendo y qué les está doliendo del tema, y la estrategia, precisamente, marca el error de engancharse en su propia lógica mediática”. Lo que significa que se han perdido por lo menos dos años en establecer una estrategia eficaz para que la comunicación generada desde el gobierno federal pueda contrarrestar la percepción de que se libra una guerra –ahora llamada lucha—, que se declaró abiertamente por motivos que tenían más que ver con darle legitimidad a un gobierno emanado de un proceso electoral seriamente cuestionado, con poca información de inteligencia, con cuerpos de seguridad infiltrados y con la complicidad de poderosos integrantes de las esferas políticas, empresariales y religiosas a quienes no se ha tocado. Pero también, que el echarle la culpa a los medios de los errores gubernamentales en cuanto a la cobertura de ese conflicto no el algo nuevo.
En una minuciosa investigación el comunicólogo Raúl López Parra, quien además es editor de la Revista Mexicana de Comunicación de la Fundación Manuel Buendía A.C., nos dice que: “En toda guerra se pelea en dos frentes, el físico y el simbólico. Las acciones bélicas se acompañan de propaganda cuyo fin es acelerar la rendición del enemigo, minando su moral, cuando se difunden las derrotas, y sembrando miedo, cuando se publicita la violencia. La guerra del gobierno federal contra el crimen organizado no ha sido la excepción. Quien aventaja en esta guerra mediática gana la percepción sobre el acontecimiento. Las percepciones de la opinión pública están construidas a partir de la conjunción de hechos, discursos e imágenes. Los medios de comunicación dan forma a estos tres elementos en sus contenidos” (RMC mayo-junio 2009). El mismo autor ubica el inicio formal de esta guerra en los medios con la entrevista de Carlos Loret de Mola, en vivo y desde el penal de La Palma, al jefe del cártel del golfo Osiel Cárdenas Guillén el 18 de octubre del 2004 donde se acusaba a los funcionarios encargados de la seguridad de proteger al Chapo Guzmán y su organización además de difundir acusaciones de corrupción y complicidad entre esas dos partes. A la osadía de tener acceso a un noticiero televisivo nacional desde un penal de alta seguridad el gobierno foxista respondió difundiendo las imágenes de los internos de La Palma, formados en el patio del mismo y escuchando las nuevas medidas disciplinarias a que serían sometidos.
De esas imágenes del 2004 a las de Felipe Calderón pasando revista a las tropas de la base militar en Apatzingán Michoacán (11 de diciembre del 2006) ataviado con gorra y chaqueta militar apenas pasaron un poquito más de dos años, tiempo más que suficiente para articular una política de comunicación que sirviera como contrapeso a las “narcomantas” y a los videos difundidos a través de YouTube y después reproducidos por algunos medios nacionales y extranjeros, subidos por los diferentes cárteles con un evidente afán mediático. Bueno, pues dadas las lamentaciones presidenciales ese tiempo no se aprovechó, incluso han entrado al quite revistas como Forbes que ubican al Chapo Guzmán como uno de los más ricos del mundo y del país, y hasta el presidente estadunidense Barack Obama quien comparara a Calderón con Elliot Ness aunque terminara de forma más que lapidaria: “Con frecuencia eso causa más violencia, y estamos viendo que eso está aflorando”.
Los vaivenes comunicativos de una y otra parte, la necesidad de posicionarse favorablemente ante una opinión pública cada vez más crítica ha tomado a los medios de sorpresa, a pesar de las experiencias internacionales que podían ayudar a prever lo que estamos viendo ahora: el amedrentamiento, el asesinato, el secuestro de periodistas para forzar a sus medios a transmitir “mensajes” que impacten de determinada manera a una ciudadanía que siente lo duro y lo tupido y que ha convertido al trabajo del periodista en uno de los más peligrosos en este país.
Ojalá que los profesionales de la comunicación, que los medios para los que trabajan y los ciudadanos a los que sirven manteniéndolos informados, puedan formar un frente común que evite la pérdida de libertades en un entorno poco apto para su ejercicio.
Cualquiera se preguntaría, cómo es posible en las condiciones planteadas arriba se haya declarado una “guerra” contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.
Pero vamos por partes. Un conflicto interno del tamaño que estamos viendo y con las consecuencias macabras resultantes, según el CISEN 28 mil asesinatos en lo que va del sexenio actual, se enfrenta en diferentes campos de batalla, uno de ellos y de los más importantes es la percepción de la ciudadanía y aquí el papel de los medios de comunicación es crucial.
Hace casi dos años, el dos de septiembre del 2008, el mismo Felipe Calderón declaró y sus palabras fueron difundidas por todos los medios impresos y electrónicos, que: “parte del compromiso que hemos pedido a los medios en no caer en la propia estrategia comunicacional del crimen organizado, que también libra contra nosotros una guerra mediática. No voy a entrar ahorita a la responsabilidad de los medios, pero hay un tema… sabemos exactamente por qué les está doliendo y qué les está doliendo del tema, y la estrategia, precisamente, marca el error de engancharse en su propia lógica mediática”. Lo que significa que se han perdido por lo menos dos años en establecer una estrategia eficaz para que la comunicación generada desde el gobierno federal pueda contrarrestar la percepción de que se libra una guerra –ahora llamada lucha—, que se declaró abiertamente por motivos que tenían más que ver con darle legitimidad a un gobierno emanado de un proceso electoral seriamente cuestionado, con poca información de inteligencia, con cuerpos de seguridad infiltrados y con la complicidad de poderosos integrantes de las esferas políticas, empresariales y religiosas a quienes no se ha tocado. Pero también, que el echarle la culpa a los medios de los errores gubernamentales en cuanto a la cobertura de ese conflicto no el algo nuevo.
En una minuciosa investigación el comunicólogo Raúl López Parra, quien además es editor de la Revista Mexicana de Comunicación de la Fundación Manuel Buendía A.C., nos dice que: “En toda guerra se pelea en dos frentes, el físico y el simbólico. Las acciones bélicas se acompañan de propaganda cuyo fin es acelerar la rendición del enemigo, minando su moral, cuando se difunden las derrotas, y sembrando miedo, cuando se publicita la violencia. La guerra del gobierno federal contra el crimen organizado no ha sido la excepción. Quien aventaja en esta guerra mediática gana la percepción sobre el acontecimiento. Las percepciones de la opinión pública están construidas a partir de la conjunción de hechos, discursos e imágenes. Los medios de comunicación dan forma a estos tres elementos en sus contenidos” (RMC mayo-junio 2009). El mismo autor ubica el inicio formal de esta guerra en los medios con la entrevista de Carlos Loret de Mola, en vivo y desde el penal de La Palma, al jefe del cártel del golfo Osiel Cárdenas Guillén el 18 de octubre del 2004 donde se acusaba a los funcionarios encargados de la seguridad de proteger al Chapo Guzmán y su organización además de difundir acusaciones de corrupción y complicidad entre esas dos partes. A la osadía de tener acceso a un noticiero televisivo nacional desde un penal de alta seguridad el gobierno foxista respondió difundiendo las imágenes de los internos de La Palma, formados en el patio del mismo y escuchando las nuevas medidas disciplinarias a que serían sometidos.
De esas imágenes del 2004 a las de Felipe Calderón pasando revista a las tropas de la base militar en Apatzingán Michoacán (11 de diciembre del 2006) ataviado con gorra y chaqueta militar apenas pasaron un poquito más de dos años, tiempo más que suficiente para articular una política de comunicación que sirviera como contrapeso a las “narcomantas” y a los videos difundidos a través de YouTube y después reproducidos por algunos medios nacionales y extranjeros, subidos por los diferentes cárteles con un evidente afán mediático. Bueno, pues dadas las lamentaciones presidenciales ese tiempo no se aprovechó, incluso han entrado al quite revistas como Forbes que ubican al Chapo Guzmán como uno de los más ricos del mundo y del país, y hasta el presidente estadunidense Barack Obama quien comparara a Calderón con Elliot Ness aunque terminara de forma más que lapidaria: “Con frecuencia eso causa más violencia, y estamos viendo que eso está aflorando”.
Los vaivenes comunicativos de una y otra parte, la necesidad de posicionarse favorablemente ante una opinión pública cada vez más crítica ha tomado a los medios de sorpresa, a pesar de las experiencias internacionales que podían ayudar a prever lo que estamos viendo ahora: el amedrentamiento, el asesinato, el secuestro de periodistas para forzar a sus medios a transmitir “mensajes” que impacten de determinada manera a una ciudadanía que siente lo duro y lo tupido y que ha convertido al trabajo del periodista en uno de los más peligrosos en este país.
Ojalá que los profesionales de la comunicación, que los medios para los que trabajan y los ciudadanos a los que sirven manteniéndolos informados, puedan formar un frente común que evite la pérdida de libertades en un entorno poco apto para su ejercicio.
viernes, 30 de julio de 2010
ES UN ESCÁNDALO
Tan pronto se conocieron se desataron las críticas, los resultados del examen nacional de conocimientos y habilidades docentes 2010-2011 reflejan sólo una parte del derrumbe del sistema educativo mexicano. Las cifras parecen dejar poco a la duda, según el reporte oficial y atendiendo a los resultados globales, apenas 39 mil 143 sustentantes de un total de 145 mil 983 alcanzaron un desempeño calificado como “aceptable”, en lenguaje común y corriente y para el consumo en los medios masivos de comunicación ese desempeño se tradujo en “aprobado” y constituye el 26.8 por ciento, lo que en automático se convirtió en la nota principal de periódicos y revistas que no dudaron en titular: “73 por ciento de profesores reprobados”.
Sin embargo hay varios factores más que hay que considerar. Primero, que sólo presentaron dicha prueba los que quisieron concursar a una plaza diferente a la que ya tienen o que la tendrán por primera vez, no el total de la planta magisterial que es mucho más numerosa. Segundo, que el desempeño de un docente es imposible medirlo con sólo una prueba escrita dado que su actividad básica es frente a un grupo de alumnos, no sentado en un escritorio y atendiendo preguntas de opción múltiple. Tercero, que dicho examen apenas reconoce tres tipos de resultados: aceptable, elegible (condicionado a nivelación académica) y no aceptable; en este último caso se encuentra apenas el 1.52 por ciento del total. Meter a los elegibles en una inexistente categoría de “reprobados” parece un exceso por evidente falta de precisión.
Quizás un poco más preciso pudiera ser el número o porcentaje de aciertos en dicho examen, aunque también existieron de dos tipos, para docentes en servicio y para los de nuevo ingreso, aunque resulta obvio que un promedio es sólo eso, y que existen resultados individuales distribuidos hacia arriba y hacia abajo del mismo. Pero además, en el caso queretano se le olvidó a nuestra secretaría de educación (por lo menos hasta el miércoles 28 de julio) advertir que nuestro estado ocupa, otra vez, el primer lugar en la tabla que consigna el “porcentaje promedio de aciertos según tipo de concurso por entidad” con un 60.18 mientras que el promedio nacional fue de 54.31. Si sólo atendemos a este indicador, a cualquiera se le puede ocurrir decir que “en promedio” sólo los “concursantes” o “aspirantes” de Querétaro pasaron el examen, porque ningún otro estado tiene un promedio arriba de 60 (el que más se acerca es Colima con el 58.26 y el más bajo es Tabasco con el 47.1).
Hay otras combinaciones que aparecen en las tablas de resultados del informe que comentamos y que si no se saben interpretar pueden dar lugar a percepciones equivocadas, baste lo señalado como ejemplo de que no es fácil llegar a conclusiones si no se toman en cuenta una serie de variables que, por sintetizar la información, se omiten quizás de forma poco responsable.
Pero no todo es tan malo como parece. Apenas va a alcanzar el espacio para contrastar esos datos con los obtenidos en otras formas de evaluación, por ejemplo el “Estudio Internacional sobre enseñanza y aprendizaje de la OCDE” (Organización para la Cooperación y el Desempeño Económico) aplicado a docentes y directores de escuelas secundarias generales, técnicas y privadas de 24 países, mejor conocido como TALIS, nos da a conocer, entre otras muchas cosas, que: “México tuvo el porcentaje más alto de maestros trabajando en escuelas en donde el director reportó los disturbios en clase como un factor de entorpecimiento para la educación, con un 72%. Un porcentaje mayor de maestros reportó llegadas tarde y absentismos (cerca del 80% respectivamente) como un comportamiento importante de los estudiantes que entorpece la calidad de su educación. Maestros mexicanos reportan que el 70% del tiempo de clase se ocupa en la enseñanza y aprendizaje mientras que el 17% del mismo se pierde a causa de las tareas administrativas (media nacional 9%), y el 13% se ocupa poniendo orden en el salón”. Sobre esos factores –trabajo administrativo, principalmente el llenado de formatos que exigen los sistemas de calidad; las ausencias y los retardos de los alumnos; los problemas cada vez más frecuentes de disciplina dentro y fuera del salón de clases—, los docentes tienen poco control. A pesar de lo anterior: “México tiene el porcentaje más alto de maestros entre los países de TALIS, quienes están totalmente de acuerdo en que pueden progresar con los estudiantes más difíciles, y del mismo modo, desarrollar su capacidad para comunicarse con ellos. México también reporta el porcentaje más alto de maestros, después de Noruega, quienes reconocen hacer una importante diferencia educativa con sus estudiantes”, aquí es donde aparece la docencia como una vocación y no sólo como un trabajo que asegure la sobrevivencia económica, aunque también hay inconformidades: “Cuando a los maestros mexicanos se les hizo la pregunta “¿En general estoy satisfecho con mi trabajo?”, respondieron de manera más negativa en comparación con los maestros de los países participantes. A diferencia de algunos de estos países, los maestros en México no relacionan su satisfacción laboral a un tipo específico de confianza en la enseñanza, sino a otros factores tales como: el entorno del salón de clases, las relaciones maestro-alumno y el ser eficiente como maestro. En contraste, por sus percepciones de auto eficacia (haciendo una diferencia en el aprendizaje de los estudiantes), los maestros mexicanos reportaron ser ligeramente más positivos que los maestros en la media”.
Dicen que los maestros mexicanos están mal preparados y que además no se quieren actualizar ni capacitar, TALIS nos dice que: “El porcentaje de maestros mexicanos que reportan haber tomado un curso de desarrollo profesional durante los 18 meses anteriores al estudio es relativamente alto en México (92%, con un promedio del 89% entre los países). México también tiene más de dos veces el promedio de días para el desarrollo profesional entre los maestros de TALIS (34 frente a 15 del promedio del TALIS). Sin embargo, los patrones de participación son muy desiguales en el país. México muestra una marcada diferencia en la participación de maestros en el curso de desarrollo profesional en función de su anterior nivel de calificación, en maestros con elevadas calificaciones iníciales mostrando mayores niveles de participación: En México, aquellos con por lo menos una Maestría o mayor grado académico recibieron casi dos veces la cantidad de días de desarrollo que aquéllos sin licenciatura. Los maestros de los pueblos, en promedio tomaron 8 días menos que aquéllos que viven en una pequeña comunidad o en una gran ciudad”.
Los maestros parecen estar haciendo su chamba, pero un mal sistema de incentivos, la capacitación orientada a temas que a los docentes no les sirven tanto como otros, la imposición en lugar de la sensibilización, los directivos que desconocen su trabajo y que están allí por cuestiones políticas, la falta de equipamiento en las aulas, los grupos excesivamente numerosos y las continuas campañas de desprestigio atentan directamente contra la educación, y hacia eso pocas miradas voltean.
Sin embargo hay varios factores más que hay que considerar. Primero, que sólo presentaron dicha prueba los que quisieron concursar a una plaza diferente a la que ya tienen o que la tendrán por primera vez, no el total de la planta magisterial que es mucho más numerosa. Segundo, que el desempeño de un docente es imposible medirlo con sólo una prueba escrita dado que su actividad básica es frente a un grupo de alumnos, no sentado en un escritorio y atendiendo preguntas de opción múltiple. Tercero, que dicho examen apenas reconoce tres tipos de resultados: aceptable, elegible (condicionado a nivelación académica) y no aceptable; en este último caso se encuentra apenas el 1.52 por ciento del total. Meter a los elegibles en una inexistente categoría de “reprobados” parece un exceso por evidente falta de precisión.
Quizás un poco más preciso pudiera ser el número o porcentaje de aciertos en dicho examen, aunque también existieron de dos tipos, para docentes en servicio y para los de nuevo ingreso, aunque resulta obvio que un promedio es sólo eso, y que existen resultados individuales distribuidos hacia arriba y hacia abajo del mismo. Pero además, en el caso queretano se le olvidó a nuestra secretaría de educación (por lo menos hasta el miércoles 28 de julio) advertir que nuestro estado ocupa, otra vez, el primer lugar en la tabla que consigna el “porcentaje promedio de aciertos según tipo de concurso por entidad” con un 60.18 mientras que el promedio nacional fue de 54.31. Si sólo atendemos a este indicador, a cualquiera se le puede ocurrir decir que “en promedio” sólo los “concursantes” o “aspirantes” de Querétaro pasaron el examen, porque ningún otro estado tiene un promedio arriba de 60 (el que más se acerca es Colima con el 58.26 y el más bajo es Tabasco con el 47.1).
Hay otras combinaciones que aparecen en las tablas de resultados del informe que comentamos y que si no se saben interpretar pueden dar lugar a percepciones equivocadas, baste lo señalado como ejemplo de que no es fácil llegar a conclusiones si no se toman en cuenta una serie de variables que, por sintetizar la información, se omiten quizás de forma poco responsable.
Pero no todo es tan malo como parece. Apenas va a alcanzar el espacio para contrastar esos datos con los obtenidos en otras formas de evaluación, por ejemplo el “Estudio Internacional sobre enseñanza y aprendizaje de la OCDE” (Organización para la Cooperación y el Desempeño Económico) aplicado a docentes y directores de escuelas secundarias generales, técnicas y privadas de 24 países, mejor conocido como TALIS, nos da a conocer, entre otras muchas cosas, que: “México tuvo el porcentaje más alto de maestros trabajando en escuelas en donde el director reportó los disturbios en clase como un factor de entorpecimiento para la educación, con un 72%. Un porcentaje mayor de maestros reportó llegadas tarde y absentismos (cerca del 80% respectivamente) como un comportamiento importante de los estudiantes que entorpece la calidad de su educación. Maestros mexicanos reportan que el 70% del tiempo de clase se ocupa en la enseñanza y aprendizaje mientras que el 17% del mismo se pierde a causa de las tareas administrativas (media nacional 9%), y el 13% se ocupa poniendo orden en el salón”. Sobre esos factores –trabajo administrativo, principalmente el llenado de formatos que exigen los sistemas de calidad; las ausencias y los retardos de los alumnos; los problemas cada vez más frecuentes de disciplina dentro y fuera del salón de clases—, los docentes tienen poco control. A pesar de lo anterior: “México tiene el porcentaje más alto de maestros entre los países de TALIS, quienes están totalmente de acuerdo en que pueden progresar con los estudiantes más difíciles, y del mismo modo, desarrollar su capacidad para comunicarse con ellos. México también reporta el porcentaje más alto de maestros, después de Noruega, quienes reconocen hacer una importante diferencia educativa con sus estudiantes”, aquí es donde aparece la docencia como una vocación y no sólo como un trabajo que asegure la sobrevivencia económica, aunque también hay inconformidades: “Cuando a los maestros mexicanos se les hizo la pregunta “¿En general estoy satisfecho con mi trabajo?”, respondieron de manera más negativa en comparación con los maestros de los países participantes. A diferencia de algunos de estos países, los maestros en México no relacionan su satisfacción laboral a un tipo específico de confianza en la enseñanza, sino a otros factores tales como: el entorno del salón de clases, las relaciones maestro-alumno y el ser eficiente como maestro. En contraste, por sus percepciones de auto eficacia (haciendo una diferencia en el aprendizaje de los estudiantes), los maestros mexicanos reportaron ser ligeramente más positivos que los maestros en la media”.
Dicen que los maestros mexicanos están mal preparados y que además no se quieren actualizar ni capacitar, TALIS nos dice que: “El porcentaje de maestros mexicanos que reportan haber tomado un curso de desarrollo profesional durante los 18 meses anteriores al estudio es relativamente alto en México (92%, con un promedio del 89% entre los países). México también tiene más de dos veces el promedio de días para el desarrollo profesional entre los maestros de TALIS (34 frente a 15 del promedio del TALIS). Sin embargo, los patrones de participación son muy desiguales en el país. México muestra una marcada diferencia en la participación de maestros en el curso de desarrollo profesional en función de su anterior nivel de calificación, en maestros con elevadas calificaciones iníciales mostrando mayores niveles de participación: En México, aquellos con por lo menos una Maestría o mayor grado académico recibieron casi dos veces la cantidad de días de desarrollo que aquéllos sin licenciatura. Los maestros de los pueblos, en promedio tomaron 8 días menos que aquéllos que viven en una pequeña comunidad o en una gran ciudad”.
Los maestros parecen estar haciendo su chamba, pero un mal sistema de incentivos, la capacitación orientada a temas que a los docentes no les sirven tanto como otros, la imposición en lugar de la sensibilización, los directivos que desconocen su trabajo y que están allí por cuestiones políticas, la falta de equipamiento en las aulas, los grupos excesivamente numerosos y las continuas campañas de desprestigio atentan directamente contra la educación, y hacia eso pocas miradas voltean.
miércoles, 28 de julio de 2010
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