SACUDIRSE EL MIEDO

Joaquín Córdova Rivas La ropa sucia se lava en casa, pero en asuntos de política pública, de crisis económicas y sociales, de falta de respeto a los derechos humanos, la casa se vuelve global, extiende sus límites hasta abarcar al planeta entero. Por eso alarma la poca difusión y discusión del Informe 2017/18 de la organización Amnistía Internacional titulado «La situación de los Derechos Humanos en el Mundo». Parece que no queremos darnos cuenta de lo que nos ensucia a todos. https://www.amnesty.org/es/latest/research/2018/02/annual-report-201718/ El diagnóstico es crítico y alentador a la vez. Crítico porque la lucha no cesa y los retrocesos parecen no tener más justificación que las malas cualidades humanas, esas que echan al traste cualquier posibilidad de una convivencia pacífica en un mundo sembrado de intolerancias y desigualdades, ambas provocadas por nosotros, que no tienen nada de predestinación divina, ni de maldición racial o generacional. Alentador porque también hay avances, porque vemos que en los lugares donde los derechos humanos se respetan se incrementa la posibilidad de disfrutar de la vida más allá de la simple sobrevivencia. «Cuando comienza el año del 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, queda sobradamente claro que nadie puede dar por sentados sus derechos humanos. Desde luego, no podemos dar por sentado que tendremos libertad para reunirnos en una protesta o para criticar a nuestro gobierno. Tampoco podemos dar por sentado que dispondremos de seguridad social cuando seamos personas ancianas o incapacitadas, que nuestros bebés podrán crecer en ciudades con aire limpio y respirable o que, como jóvenes, acabaremos los estudios y encontraremos un trabajo que nos permita comprar una casa. [...] La batalla por los derechos humanos nunca se gana de forma definitiva en ningún lugar ni en ningún momento. Las fronteras cambian continuamente, por lo que nunca puede haber margen para la autocomplacencia. Probablemente nunca haya sido este hecho tan evidente en la historia de los derechos humanos. Aun así, ante desafíos sin precedentes en todo el mundo, las personas han demostrado una y otra vez que su sed de justicia, dignidad e igualdad no se va a calmar, y, aunque pagando a veces un precio muy alto, continúan buscando formas nuevas y audaces de expresarlo. En 2017, esta batalla global de valores cobró una intensidad sin precedente.» Intensidad es la palabra clave porque esos derechos hay que ganarlos cotidianamente, en todo momento, en todo lugar, en cualquier situación. El miedo y la inseguridad son grandes aliados de los retrocesos, nos han querido convencer de que vivir tranquilos y seguros implica renunciar a ciertos derechos, más en el caso de los que nos protegen contra los abusos de la propia autoridad, hasta llegar a la estupidez de afirmar que los derechos humanos son para proteger a los delincuentes porque les facilitan no pisar la cárcel o salir pronto de ella para seguir delinquiendo. Lo que la autoridad teme, es no poder seguir ejerciendo un poder discrecional que lo lleva fácilmente a inventar culpables para ocultar sus propias fechorías, revictimizar a las víctimas es su nuevo credo. En el apartado titulado Violencia e Impunidad en México se afirma y sintetiza, aunque se habla en pasado no porque lo señalado haya sido superado, sino porque se refieren a datos del 2017: «Continuó la crisis de derechos humanos en México, agravada por el aumento de la violencia y los homicidios; hubo, en particular, una cifra sin precedentes de homicidios de periodistas. Las detenciones y reclusiones arbitrarias seguían siendo generalizadas y a menudo daban lugar a otras violaciones de derechos humanos, la mayoría de las cuales no se investigaban debidamente. Más de 34.000 personas seguían sometidas a desaparición forzada, y abundaban las ejecuciones extrajudiciales. La tortura y otros malos tratos seguían siendo una práctica generalizada a la que recurrían con impunidad y de manera habitual las fuerzas de seguridad para obligar a personas a firmar “confesiones” falsas. Sin embargo, la aprobación por parte del Senado de una nueva ley contra las desapariciones forzadas (tras la indignación popular nacional suscitada por el caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes cuya suerte y paradero seguían sin revelarse) podía suponer un paso adelante, aunque su posterior implementación requeriría de un compromiso político serio para garantizar la justicia, la verdad y la reparación. El Congreso mexicano también aprobó, por fin, una nueva ley general contra la tortura. Más preocupante fue la promulgación de una ley de seguridad interior que permitía la prolongada asignación de funciones policiales ordinarias a las fuerzas armadas, una estrategia que se ha vinculado con el aumento de las violaciones de derechos humanos.» El informe atina en algo importante, los retrocesos en los derechos humanos no se dan en el vacío, hay ambientes y políticas que atentan contra ellos: «La austeridad es una cuestión de derechos humanos. Afecta al acceso de las personas a la educación, la salud, la vivienda, la seguridad social y otros derechos económicos y sociales. También propicia abusos contra los derechos civiles y políticos, como cuando los gobiernos responden de forma draconiana a las protestas y otras expresiones de disidencia o recortan servicios que afectan al acceso a la justicia, como la asistencia letrada gratuita. Con demasiada frecuencia, los gobiernos hacen caso omiso de esos derechos y toman decisiones cuya mayor carga hacen recaer sobre quienes viven en la pobreza, al tiempo que ponen en peligro el bienestar de la sociedad en su conjunto. La austeridad es una cuestión de orden mundial. En 2017 se aplicaron medidas de austeridad generalizadas en países de todas las regiones del mundo, limitando sobre todo los derechos económicos y sociales de las personas.» Quizás por esa razón la poca difusión al informe de Amnistía Internacional, porque en el ambiente electoral mexicano cuestionar las políticas representadas por dos de los tres candidatos a la presidencia de la república no les debe ser oportuno ni agradable. En fin, nos quedamos con la idea de que hay y puede haber avances, de que la lucha por nuestros derechos es algo de todos los días, nada de que ya se ganaron y nos tiramos en la hamaca, y de que hay que cuestionar esas políticas neoliberales que atentan contra el bienestar de las mayorías. Sacudirse el miedo y avanzar. La violencia aumentó en todo México. Las fuerzas armadas seguían llevando a cabo labores habituales de la policía. Continuaron las amenazas, los ataques y los homicidios contra periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos; los ciberataques y la vigilancia digital eran especialmente habituales. Las detenciones arbitrarias generalizadas seguían derivando en torturas y otros malos tratos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Persistía la impunidad por violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. México recibió la cifra más alta de solicitudes de asilo de su historia, la mayoría de ciudadanos y ciudadanas de El Salvador, Honduras, Guatemala y Venezuela. La violencia contra las mujeres seguía suscitando una honda preocupación; según datos recientes, dos tercios de las mujeres habían experimentado violencia de género a lo largo de su vida. Dos grandes terremotos hicieron peligrar los derechos a la vivienda y a la educación.

ABUSIVOS Y DESCONTROLADOS

Los deslindes, los malos entendidos y las burlas públicas no pueden ser simples problemas de traducción o de desconocimiento de contextos culturales diferentes. Mientras el secretario de gobernación amenazaba a los profesores y pobladores que bloquean carreteras, en un intento más de hacerse oír ante un gobierno sordo y autoritario, y una sociedad grotescamente manipulada por los medios de comunicación de los grandes grupos empresariales, al que trabaja como presidente de este país le iba como en feria en Canadá, con sus supuestos homólogos de Estados Unidos y el país anfitrión. Los videos que circulan por las redes sociales dan cuenta de una percepción que se ajusta a una ceñida interpretación de señales que nuestra clase política sigue sin entender. Es cierto que el sistema económico actual requiere de corrupción y cierto grado de violencia para imponerse y mantenerse, pero el requisito principal es que “reparta” los “beneficios” entre los poquitos ganones de siempre. Pero nuestros políticos insisten en quedarse con todo, en no tener llenadera alguna, ya resultan más un estorbo que un conveniente, aunque estúpido, aliado. Se los dijeron primero, y públicamente, a través de una secretaria de estado que ahora es candidata demócrata a la presidencia, después más claro en una intervención, también pública, ante universitarios de élite de la propuesta, y ahora ratificada, embajadora estadunidense en nuestro país, que les repitió la dosis en la presentación de sus cartas credenciales y, después, en la participación en una marcha celebrando la diversidad sexual. Nuestros gobernantes abusan tanto de la corrupción, de la inseguridad y de la violencia, que están provocando reacciones encontradas cada vez más fuertes, poniendo en riesgo este neoliberalismo que necesita un ligero barniz de legitimidad. Mientras, los informes de organizaciones internacionales dan cuenta del grave estado de los derechos humanos en este país, casi no hay semana en que alguno termine su investigación y nos exhiba como un país de mentiras, porque hasta fabricamos culpables al contentillo de cualquiera, para esconder el fracaso intencional en la guerra contra la delincuencia organizada. Pero quizás las cifras ya no nos digan nada, estamos tan insensibles y “normalizamos” tanto la violencia que corremos el riesgo de tolerarla y creer que es inevitable. Va un caso de los 100 que documentó detalladamente Amnistía Internacional para su informe titulado: Sobrevivir a la Muerte, Tortura de Mujeres por Policías y Fuerzas Armadas en México AMR 41/4237/2016 «Mónica, entonces de 26 años, viajaba en automóvil con su esposo y su hermano el 12 de febrero de 2013 cuando les dio el alto la Policía Municipal de Torreón, en el estado de Coahuila. Mónica relató a Amnistía Internacional los sucesos que siguieron. Los agentes no mostraron orden de aprehensión alguna, pero se los llevaron a los tres a un galpón detrás de las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública de Torreón. Mónica al principio se quedó fuera, en una camioneta policial. Un oficial llegó y, cuando vio a Mónica allí, se puso furioso con la agente que la había llevado, y le dijo: “¡Eres una pendeja! ¿Por qué la tienes detenida ahí?”. Unos minutos después regresó y metió a Mónica en el galpón, amenazándola con cortarla en pedacitos. Según el relato de Mónica, al entrar en el galpón el oficial le dijo, “bienvenida a la fiesta”, y ella vio a su hermano y su esposo sentados, desnudos y ensangrentados. Los policías agarraron a Mónica y empezaron a simular que la ahogaban sumergiéndole repetidamente la cabeza en una cubeta. Luego la asfixiaron con bolsas de plástico, la golpearon en las nalgas con un tablón de madera y la arrastraron por el suelo agarrándola del pelo. Durante todo ese tiempo, no dejaron de hacerle preguntas que Mónica no podía contestar. Mónica vio cómo golpeaban a su esposo con látigos con espuelas de metal y cómo le desprendían la piel de la pierna con un cuchillo. Los policías municipales aplicaron descargas eléctricas a Mónica en los genitales y las piernas. A continuación, un representante de la Secretaría de Seguridad Pública de Torreón la agarró y empezó a besarla bruscamente y a morderla en la cara y el cuello, y luego la violó delante de su esposo y su hermano. Después, seis policías la violaron uno detrás de otro, y a continuación se masturbaron en su cara y la obligaron a practicarles sexo oral y tragarse el esperma. Durante esa brutal violación, unos miembros uniformados del ejército estuvieron allí mirando. Luego la policía llevó a los tres detenidos a las oficinas de la PGR en Torreón. En el camino, el esposo de Mónica murió en sus brazos, a consecuencia de la tortura. Tras permanecer más de 12 horas bajo custodia policial, a Mónica la llevaron en avión a las oficinas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en la Ciudad de México, donde la obligaron a firmar una “confesión” en la que decía que formaba parte del cártel de droga de los Zeta. Luego se desmayó, y la llevaron a toda prisa al hospital. En agosto de 2014, expertos forenses de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmaron que Mónica había sido violada y que su esposo había sido ejecutado arbitrariamente a consecuencia de su tortura. En abril de 2016, la CNDH emitió una recomendación en la que pedía una investigación criminal sobre el caso. Mónica está en prisión en espera del resultado de su juicio por cargos de participación en delincuencia organizada. Dos de sus cuatro hijos, de corta edad, están al cuidado de un albergue, ya que su familia no puede asumir el costo de su manutención.» Cualquiera, literalmente, puede ser detenido, torturado y obligado a “confesar” cualquier cosa que a nuestros cuerpos “de seguridad” les dé la gana. Somos rehenes en un país donde sólo tenemos el derecho de sufrir abusos en silencio, apenas algunos de miles de casos salen a la luz y provocan alguna respuesta, como el de la valiente señora que denuncia el robo y la violación en un autobús de la línea de transporte más lujosa y en la autopista más transitada del país, pero primero tuvo que “compartirlo” en las redes sociales para que los medios masivos hicieran algo de eco porque era imposible seguir ocultando lo que siempre desdeñan. Después la respuesta ridícula pero apantallante, la movilización, tardía, insuficiente, de 300 policías para “vigilar” 100 kilómetros de carretera, como si las “fuerzas del orden” no fueran parte del problema, sin dejar de reconocer que entre sus integrantes hay quienes quieren hacer la diferencia, pero el mismo sistema los ahoga y sobrepasa. No es solo Oaxaca, no es solo la CNTE, no son solo los familiares de los desaparecidos, no es solo Ayotzinapa o Tlatlaya o Nochixtlán o San Fernando o la guardería ABC, no son solo las mujeres torturadas o violadas o asesinadas, no son solo los inocentes a quienes les fabrican delitos, también son las mentiras y los abusos cotidianos. Somos casi todos.

FRUSTRACIÓN APRENDIDA

Todo apunta en la misma dirección pero no se hace caso. Prácticamente no existe institución, pública o privada, en este país, que funcione como debe o se supone que debe de funcionar. En muchos casos los esfuerzos por hacer las cosas bien se estrellan con los imponderables de la corrupción, la inseguridad, la incertidumbre de no saber qué pasa cuando alguien sale de su casa o se queda en ella, cuando hay que circular por calles, avenidas, carreteras o autopistas esclerotizadas o a merced del más imprudente, más bestia o más pesado. O cuando se solicita un servicio que se cobra y nunca se proporciona; cuando se nos da gato por liebre en los litros de gasolina, en los kilogramos de lo que sea, en la confianza que se traiciona, en la buena fe que se toma por estupidez, en el supuesto amor que se transforma en violencia. En este México azotado por múltiples crisis que casi todos sentimos, pero que unos pocos se empeñan en negar, hasta al principal jerarca católico se le enmienda la plana. Todos estamos equivocados menos nuestra autista clase política, que incluye a las cúpulas partidistas, empresariales y religiosas. Cualquier región del mundo estaría sujeta a procedimientos anticorrupción radicales, allí están como ejemplos: Guatemala, Brasil, España, y casi cualquier país que tenga, todavía, una mínima capacidad de reacción y corrección, hasta la FIFA tiene que fingir que hace por algo por enmendarse. Pero aquí no. Será porque surtimos de mano de obra barata y dócil a la primera potencia económica del mundo, nuestro incómodo vecino del norte, que interesadamente decide quién sí y quién no, debe de corregir su descarado actuar. Prácticamente no hay organización, nacional o internacional, de promoción y protección a los derechos humanos que no esté denunciando, en todos los tonos y por todos los medios, lo que aquí padecemos cotidianamente. Afortunadamente no perdemos la capacidad de indignarnos, pero eso de poco sirve si no hay resultados. «Según cifras oficiales, de diciembre de 2006 a noviembre de 2012 se cometieron 102.696 homicidios en el país y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas hizo referencia a 151.233 hasta agosto de 2015. Aunque la cantidad anual de estos delitos se ha reducido desde 2013, la cifra sigue siendo alta. Al 30 de septiembre de 2015, el Estado mexicano reportaba 26.798 personas “no localizadas” o desaparecidas a nivel nacional, y en algunas entidades federativas existe una tendencia a la alza. […] Las falencias en las investigaciones sobre desapariciones son graves y múltiples. La actual crisis de graves violaciones de derechos humanos que atraviesa México es en parte consecuencia de la impunidad que persiste desde la “Guerra Sucia” y que ha propiciado su repetición hasta hoy en día. Muchos casos de desaparición no se denuncian debido a la desconfianza de los familiares en la capacidad de respuesta del Estado o su temor a sufrir represalias, y en los casos donde sí hay denuncia, la respuesta de las autoridades presenta graves deficiencias. En este contexto, en todos los lugares que la CIDH visitó durante su visita se reunió con víctimas, familiares y defensores, quienes describieron los obstáculos que han encontrado en su búsqueda de justicia y su desconfianza en las autoridades. Estas informaciones son consistentes con las investigaciones hechas por la CIDH en los últimos meses en México, así como con diversas fuentes nacionales e internacionales. Los hallazgos por los familiares de fosas con decenas de cadáveres resaltan que son ellos quienes ante la inoperancia del Estado, han asumido la búsqueda de sus seres queridos, mientras que las autoridades no cumplen con su deber de investigar, encontrar, identificar y entregar a las víctimas con debida diligencia como corresponde.» Situación de los derechos humanos en México. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf La desvergüenza se exhibe en los medios no domesticados, que gracias al internet y las redes sociales, son cada vez más y mejor informados. Pero la “verdad oficial” insiste en imponerse, en cercar a las voces disidentes, en señalarlas como alarmistas y falsas, en armar costosas campañas de desprestigio, en justificar los excesos y las corruptelas, en utilizar la “justicia” para victimizar, una y otra vez, a los que disienten y siguen señalando que nuestra situación no tiene nada de “normal”. No se tientan el corazón para utilizar toda la fuerza de este maltrecho Estado para reprimir y crear un ambiente de miedo, porque saben que el miedo paraliza, hasta que las cosas estallan: «Por otro lado, la práctica de la tortura es alarmante en México. El Estado mexicano informó que la Procuraduría General de la República (PGR) contaba, al mes de abril de 2015, con 2.420 investigaciones en trámite sobre tortura, y que existen sólo 15 sentencias condenatorias por este delito a nivel federal. La Comisión coincide con otros organismos internacionales al señalar que en México la tortura es generalizada, y se presenta frecuentemente entre el momento de una detención— que suele ser arbitraria—y antes de que la persona detenida sea puesta a disposición de un juez. La CIDH observa que incluso en la investigación de los hechos ocurridos en Iguala, uno de los asuntos de mayor perfil en materia de derechos humanos en los últimos años, el 77% de las personas investigadas mostraban lesiones corporales, un indicio, por lo menos, de la existencia de apremios ilegales y posibles torturas perpetradas en su contra. La Comisión ha constatado en terreno niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares. La falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y en ciertos casos impulsar la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos. Las amenazas, hostigamientos, asesinatos y desapariciones de personas que buscan verdad y justicia han generado un amedrentamiento en la sociedad mexicana, el cual la CIDH constató en reiterados testimonios de personas que no denuncian estas violaciones ante las autoridades por temor a represalias, generando un problema grave de sub-registro en las cifras oficiales. Las barreras en el acceso a la justicia, y la inoperancia en muchos casos con la impunidad resultante, han debilitado el Estado de Derecho y constituyen desafíos urgentes.» Hay muchos mexicanos que no caen en el letargo o están saliendo de él. Que no se “acostumbran” a ser siempre las víctimas de todas y cada una de las pequeñas o grandes cosas que no funcionan. Que saben que la solución no pasa por fugarse de una realidad apabullante, que no se cansan de exigir, denunciar, poner el ejemplo; que no pierden la esperanza y construyen espacios disfrutables, gratificantes, de confianza y certidumbre, a esos hay que apoyarlos, a los otros, condenarlos a cualquiera de los inframundos del desprecio y a la aplicación, tarde que temprano, de la justicia de a de veras. Estamos aprendiendo, otra vez, a dejar de ser los eternos frustrados.