HOMBRES Y MUJERES GRISES

Joaquín Córdova Rivas

 

Sin brillo, sin destello alguno, interpretando leyes que ni conocen, a conveniencia o por seguir la línea que les llega “de arriba”, porque no hay intento de paridad que los iguale. Son grises en una sociedad diversa y multicolor, quizás porque saben que no se representan ni a ellos mismos, para colmo, algunos quieren seguir en la misma grisura, en el mismo cargo, haciendo sin hacer, desatinando sin querer atinar. Quieren que se les reelija para seguir con lo mismo.

 

El 17 de febrero pasado se realizó la reunión de la pomposamente llamada Comisión de Gobierno, Administración Pública y Asuntos Electorales de la LIX Legislatura, es la encargada, por lo que se puede ver, de alinear el trabajo de las otras comisiones para que los asuntos corran por el carril marcado desde el poder que sí puede.

 

Es más, está todo tan predeterminado que difícilmente se apartan un renglón del guión establecido y leído, a trompicones, sin emoción ni énfasis alguno, por sus exiguos integrantes. No hay debate, no hay ideas ni argumentación posible. Es el apego absurdo a lo que alguien ya escribió desde el aburrimiento, sin creatividad, sin ritmo, sin trama, todo subordinado a un desenlace anticlimático, como esas telenovelas de 600 capítulos que desde el promo se sabe en qué van a terminar.

 

Es la comisión que emitió una serie de cambios legislativos que fueron juzgados de inconstitucionales por la justicia federal, es la que se mete en los asuntos que le competen a las otras y que quieren sacar en un mal llamado fast track sin importar vulnerar preceptos que tendrán que ser revertidos, otra vez, por los tribunales federales, embrollando innecesariamente lo que les estorba; por ejemplo, la progresividad de los derechos laborales; tienen una irracional aversión a que los trabajadores tengan derechos que les garanticen condiciones de vida dignos, no fallan en proponer y aprobar lo que se les ocurre para revertir lo ya ganado; tampoco disimulan en querer aplicar, retroactivamente, preceptos ya superados en cualquier democracia que se respete.

 

Es la que, sin ser la competente, puesto que para eso existe la del trabajo y previsión social, dictamina sobre las jubilaciones de las exmagistradas que se ampararon contra el tope impuesto de 42 mil pesos mensuales, otra vez sin debate, sin argumentos, sin rectificaciones, sin crítica.

 

El pleno del congreso, de mayoría conservadora, tampoco duda en aprobar iniciativas y dictámenes que van en contra de sus representados quienes incluso tienen que recurrir al amparo federal para defenderse de sus supuestos representantes. En un intento de réplica, mal articulado, pero con algunos datos, el presidente de otra comisión, la del Trabajo y Previsión Social, que desaparecería si el pleno aprueba el dictamen de la de Gobernación, mencionó que se habían recibido 531 amparos de trabajadores porque lo aprobado por esta legislatura violentaba sus derechos. Cualquier “legislador” que recibiera tal avalancha de amparos en contra de su trabajo estaría muriéndose de vergüenza y remendando lo mal hecho, pero esta “mayoría” prefiere seguir las órdenes, hasta la ignominia, del ejecutivo o de su partido.

 

La sesión tenía asuntos que suscitaban interés, el principal porque impacta en la vida de miles de familias, las de los trabajadores al servicio de los tres poderes del estado, que se presentó sin el tiempo suficiente para ser conocida previamente y discutida por los trabajadores, los cambios a la ley respectiva que regula sus derechos y su relación con ese patrón que a la vez es autoridad.

 

Entre las “novedades” del dictamen, que ya podría estar votado a la publicación de este texto, porque las prisas son las prisas, está el incrementar la edad de jubilación de 28 a 30 años, la desaparición de las prejubilaciones o prepensiones, que es el periodo que sucede entre que el trabajador, ya con derecho a cualquiera de estos, solicita se dé trámite a su jubilación o pensión y la aprobación del pleno legislativo por ser trabajadores al servicio del estado.

 

Sin el proceso de revisión del trámite respectivo, de la publicación del dictamen para que cualquiera lo conozca y pueda manifestar alguna inconformidad —por ejemplo, que alguien con influencias se haga pasar por trabajador sin haberlo sido o sin cumplir con los requisitos legales—, ahora todo quedara a discrecionalidad de la oficialía mayor o equivalente de cada dependencia, siendo conocido que algunas de ellas no se apegan a lo legalmente establecido —por ello la gran cantidad de amparos— como COBAQ, CEA, el mismo poder legislativo y los municipios según lo mencionó, sin que lo refutaran, el diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna.

 

Imaginen a un trabajador de base, de esos que tienen muchos años llegando a tiempo a su trabajo, cumpliendo con lo que le toca y hasta más, que no está sindicalizado o que sus líderes no lo asesoran por estar “vendidos” con el patrón, que no tiene acceso o los recursos para pagar un abogado que le elabore un amparo que lo proteja de alguna arbitrariedad cometida por la oficialía mayor de su dependencia al momento de determinar su antigüedad, o su percepción como pensionado por vejez o jubilado, que queda indefenso ante un poder para el que trabajó pero que no lo respeta.

 

En fin, en estas estamos, me quedó pendiente darle término a nuestro retrato estadístico del censo del año pasado, no se me olvida.