ABUSAR DE LA CONFIANZA
Joaquín
Córdova Rivas
Tuvieron
tiempo y vaya que lo aprovecharon. Todo el sistema financiero del país se creó
a su imagen y semejanza: opaco, corrupto, con vasos comunicantes a todos los
lugares que les resultaba útil para desviar el presupuesto público y
beneficiarse del mismo. Y aunque el tema no es nuevo, nada se había hecho
porque existen obvios beneficiarios de tal modo de hacer las cosas.
Para
no contaminar la discusión actual, recurrir a documentos anteriores que ya
daban una visión independiente del problema, resulta conveniente.
En
este caso nos remitimos al estudio: Fideicomisos en México. El arte de
desaparecer dinero público. Investigadora principal: Sarahí Salvatierra.
Colaboradores: Paulina Castaño, Oscar Arredondo, Justine Dupuy y Javier
Garduño. 2018 Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C. http://fundar.org.mx/
Desde
antes, pero en particular ese año del 2018, las advertencias y dudas sobre el
financiamiento, constitución, efectividad, legalidad y transparencia de esa
figura de los fideicomisos, estaban en boga aunque con poca cobertura
mediática.
«Éste
es el caso de los fideicomisos públicos que, al ser una figura perteneciente al
ámbito privado que pasó a formar parte de la administración pública, se ha ido
configurando a partir de mecanismos complejos que los gobiernos en turno han
aprovechado para mantener espacios de opacidad y discrecionalidad en el uso de
los recursos, sin ninguna consecuencia. Esto en sí mismo es inaceptable pues en
un Estado democrático de derecho es condición básica que las políticas
públicas, y por ende los recursos que se destinan para implementarlas, estén
sujetos al escrutinio público. Más aún en el marco de un gobierno que, dentro y
fuera de sus fronteras se jacta de ser abierto y transparente.» Así lo plantea
desde la introducción la Directora Ejecutiva de Fundar Haydeé Pérez Garrido.
¿De
qué tamaño es el problema?
«La
dimensión del problema acerca de los fideicomisos se entiende mucho mejor si
revisamos los montos que actualmente concentran los 374 fideicomisos públicos
existentes a nivel federal. Estamos hablando de 835,477 millones de pesos
(mdp), que representan el 15.8% de todo el presupuesto público para 2018, es
decir, más de 20 veces el presupuesto autorizado para llevar a cabo el proceso
de reconstrucción después de los sismos del año pasado. […] en los últimos años
se ha aprobado un aumento significativo y consistente de estos recursos y,
sobre todo, porque lo que se ejerce sobrepasa por mucho lo aprobado. Por
ejemplo, en 2016, de los 214, 135 millones de pesos ejercicios, sólo 65, 867
millones de pesos se habían aprobado; es decir, se ejerció un monto de tres
veces superior al estipulado, sin que esté disponible ninguna explicación o
justificación sobre de la racionalidad detrás de estas decisiones. […] Los escándalos
de corrupción están a la orden del día y la sociedad mexicana está harta,
cansada e indignada. En los últimos años, la desconfianza de la ciudadanía
hacia las instituciones públicas ha ido en franco aumento. Basta con abrir el
periódico o ver las redes sociales para darse cuenta de cómo miles de millones
de pesos dejan de invertirse en las necesidades más apremiantes de la población
y pasan a las manos de redes de corrupción en las que intervienen funcionarios
y empresarios corruptos.»
No
nos toca meternos en la legislación, confusa, complicada, a menudo
contradictoria que permite la existencia de estos entes financieros, el estudio
de Fundar ofrece una explicación detallada y bien fundamentada. Sí nos toca
llamar la atención sobre algunas particularidades en el uso y abuso del
financiamiento público, del que sale de nuestros impuestos y del pago de
servicios, que debiera ser absolutamente transparente y eficiente. Repetimos
que son cifras del 2018 o anteriores.
«Para
diciembre de 2017, había casi 68,047 mdp de recursos públicos en 139
fideicomisos administrados por instituciones financieras privadas. Esto es
particularmente grave pues implica que grandes cantidades de recursos públicos
sean manejados por entes privados. […] las cinco instituciones de banca privada
que fungen como fiduciarias en fideicomisos públicos donde se encuentra la
mayor disponibilidad de recursos públicos son Santander, Banorte, BBVA
Bancomer, Banamex y MIFEL cuya suma representa 65,545 mdp.»
Y
eso que nos referimos apenas a los fideicomisos conformados desde la
administración federal, pero los estados y municipios tienen los propios y
sobre esos la opacidad es frecuentemente mayor.
Por
ejemplo, en el «Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (sipot) de
la Plataforma Nacional de Transparencia. para marzo de 2018 se observó lo
siguiente:
El
padrón actual de fideicomisos y fondos federales como sujetos obligados
registrados en el sipot, asciende a 403. El número de fideicomisos y fondos
creados en las entidades federativas e integrados al padrón de sujetos
obligados del sipot es de al menos 300, entre los que destacan: Jalisco, con la
incorporación de 48 fideicomisos. Puebla, con la incorporación de 32
fideicomisos. Nuevo León, con el registro de 34. Y Chiapas, con el registro de
32. Siete entidades federativas aún no han incorporado ningún fideicomiso
dentro del padrón de sujetos obligados en el sistema (Hasta marzo de 2018,
última fecha en que se consultó el sipot, ni Baja California, Baja California
Sur, Coahuila, Hidalgo, Nayarit, Sinaloa ni Tabasco habían incorporado ningún
fideicomiso como sujeto obligado.)»
Para
ejemplificar el problema, se analizan los casos de tres fideicomisos
específicos, uno de ellos pudiera justificar algo de reserva en la información
que a final de cuentas resulta infundada, es: «El Fondo para la Protección de
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas tiene fines muy
importantes, como obtener recursos e incrementarlos para implementar las
medidas de prevención y protección urgente para salvaguardar la vida, la
libertad y la seguridad de quienes ejercen la libertad de expresión y promueven
la garantía de derechos humanos. […] Independientemente de que se trate de un
fideicomiso cuya total apertura esté restringida, al menos la información sobre
la ejecución de recursos, como el detalle del concepto de gastos, la identidad
de los proveedores de la medidas de protección, la forma de contratación y las
fuentes que alimentan el patrimonio del fideicomiso, debería ser clara y de
fácil acceso, en particular para los beneficiarios del Mecanismo y para las
organizaciones que defienden a este sector, ya que esto les permitiría tener
certeza de la eficacia del instrumento y del grado de seguridad que brinda el
Mecanismo. En caso de incumplimiento, para que cuenten con los elementos para
denunciarlo y exigir mejoras.»
No
vaya a resultar después, que ignorábamos que las empresas contratadas para
garantizar la protección de esas figuras indispensables en una democracia, los
defensores de los derechos humanos y los periodistas, queden a merced de los
mismos que atentan contra su seguridad, su trabajo y su vida, y además se les
pague por ello.
Quizás
“extinguir” esos fideicomisos resulte drástico para algunos, pero querer entrar
al detalle de su funcionamiento era prácticamente imposible, muchos ni siquiera
generan o resguardan la información suficiente para hacerlo, están diseñados
como agujeros negros donde el financiamiento público simplemente desaparece.
