HOMBRES Y MUJERES GRISES
Joaquín
Córdova Rivas
Sin
brillo, sin destello alguno, interpretando leyes que ni conocen, a conveniencia
o por seguir la línea que les llega “de arriba”, porque no hay intento de
paridad que los iguale. Son grises en una sociedad diversa y multicolor, quizás
porque saben que no se representan ni a ellos mismos, para colmo, algunos
quieren seguir en la misma grisura, en el mismo cargo, haciendo sin hacer,
desatinando sin querer atinar. Quieren que se les reelija para seguir con lo
mismo.
El
17 de febrero pasado se realizó la reunión de la pomposamente llamada Comisión
de Gobierno, Administración Pública y Asuntos Electorales de la LIX
Legislatura, es la encargada, por lo que se puede ver, de alinear el trabajo de
las otras comisiones para que los asuntos corran por el carril marcado desde el
poder que sí puede.
Es
más, está todo tan predeterminado que difícilmente se apartan un renglón del
guión establecido y leído, a trompicones, sin emoción ni énfasis alguno, por
sus exiguos integrantes. No hay debate, no hay ideas ni argumentación posible.
Es el apego absurdo a lo que alguien ya escribió desde el aburrimiento, sin
creatividad, sin ritmo, sin trama, todo subordinado a un desenlace
anticlimático, como esas telenovelas de 600 capítulos que desde el promo se
sabe en qué van a terminar.
Es
la comisión que emitió una serie de cambios legislativos que fueron juzgados de
inconstitucionales por la justicia federal, es la que se mete en los asuntos
que le competen a las otras y que quieren sacar en un mal llamado fast track
sin importar vulnerar preceptos que tendrán que ser revertidos, otra vez, por
los tribunales federales, embrollando innecesariamente lo que les estorba; por
ejemplo, la progresividad de los derechos laborales; tienen una irracional
aversión a que los trabajadores tengan derechos que les garanticen condiciones
de vida dignos, no fallan en proponer y aprobar lo que se les ocurre para
revertir lo ya ganado; tampoco disimulan en querer aplicar, retroactivamente, preceptos
ya superados en cualquier democracia que se respete.
Es
la que, sin ser la competente, puesto que para eso existe la del trabajo y
previsión social, dictamina sobre las jubilaciones de las exmagistradas que se
ampararon contra el tope impuesto de 42 mil pesos mensuales, otra vez sin
debate, sin argumentos, sin rectificaciones, sin crítica.
El
pleno del congreso, de mayoría conservadora, tampoco duda en aprobar
iniciativas y dictámenes que van en contra de sus representados quienes incluso
tienen que recurrir al amparo federal para defenderse de sus supuestos
representantes. En un intento de réplica, mal articulado, pero con algunos
datos, el presidente de otra comisión, la del Trabajo y Previsión Social, que desaparecería
si el pleno aprueba el dictamen de la de Gobernación, mencionó que se habían
recibido 531 amparos de trabajadores porque lo aprobado por esta legislatura
violentaba sus derechos. Cualquier “legislador” que recibiera tal avalancha de
amparos en contra de su trabajo estaría muriéndose de vergüenza y remendando lo
mal hecho, pero esta “mayoría” prefiere seguir las órdenes, hasta la ignominia,
del ejecutivo o de su partido.
La
sesión tenía asuntos que suscitaban interés, el principal porque impacta en la
vida de miles de familias, las de los trabajadores al servicio de los tres
poderes del estado, que se presentó sin el tiempo suficiente para ser conocida
previamente y discutida por los trabajadores, los cambios a la ley respectiva
que regula sus derechos y su relación con ese patrón que a la vez es autoridad.
Entre
las “novedades” del dictamen, que ya podría estar votado a la publicación de
este texto, porque las prisas son las prisas, está el incrementar la edad de
jubilación de 28 a 30 años, la desaparición de las prejubilaciones o
prepensiones, que es el periodo que sucede entre que el trabajador, ya con
derecho a cualquiera de estos, solicita se dé trámite a su jubilación o pensión
y la aprobación del pleno legislativo por ser trabajadores al servicio del
estado.
Sin
el proceso de revisión del trámite respectivo, de la publicación del dictamen
para que cualquiera lo conozca y pueda manifestar alguna inconformidad —por
ejemplo, que alguien con influencias se haga pasar por trabajador sin haberlo
sido o sin cumplir con los requisitos legales—, ahora todo quedara a
discrecionalidad de la oficialía mayor o equivalente de cada dependencia,
siendo conocido que algunas de ellas no se apegan a lo legalmente establecido
—por ello la gran cantidad de amparos— como COBAQ, CEA, el mismo poder
legislativo y los municipios según lo mencionó, sin que lo refutaran, el
diputado Néstor Gabriel Domínguez Luna.
Imaginen
a un trabajador de base, de esos que tienen muchos años llegando a tiempo a su
trabajo, cumpliendo con lo que le toca y hasta más, que no está sindicalizado o
que sus líderes no lo asesoran por estar “vendidos” con el patrón, que no tiene
acceso o los recursos para pagar un abogado que le elabore un amparo que lo
proteja de alguna arbitrariedad cometida por la oficialía mayor de su
dependencia al momento de determinar su antigüedad, o su percepción como
pensionado por vejez o jubilado, que queda indefenso ante un poder para el que
trabajó pero que no lo respeta.
En
fin, en estas estamos, me quedó pendiente darle término a nuestro retrato
estadístico del censo del año pasado, no se me olvida.
