ABUSIVOS Y DESCONTROLADOS

Los deslindes, los malos entendidos y las burlas públicas no pueden ser simples problemas de traducción o de desconocimiento de contextos culturales diferentes. Mientras el secretario de gobernación amenazaba a los profesores y pobladores que bloquean carreteras, en un intento más de hacerse oír ante un gobierno sordo y autoritario, y una sociedad grotescamente manipulada por los medios de comunicación de los grandes grupos empresariales, al que trabaja como presidente de este país le iba como en feria en Canadá, con sus supuestos homólogos de Estados Unidos y el país anfitrión. Los videos que circulan por las redes sociales dan cuenta de una percepción que se ajusta a una ceñida interpretación de señales que nuestra clase política sigue sin entender. Es cierto que el sistema económico actual requiere de corrupción y cierto grado de violencia para imponerse y mantenerse, pero el requisito principal es que “reparta” los “beneficios” entre los poquitos ganones de siempre. Pero nuestros políticos insisten en quedarse con todo, en no tener llenadera alguna, ya resultan más un estorbo que un conveniente, aunque estúpido, aliado. Se los dijeron primero, y públicamente, a través de una secretaria de estado que ahora es candidata demócrata a la presidencia, después más claro en una intervención, también pública, ante universitarios de élite de la propuesta, y ahora ratificada, embajadora estadunidense en nuestro país, que les repitió la dosis en la presentación de sus cartas credenciales y, después, en la participación en una marcha celebrando la diversidad sexual. Nuestros gobernantes abusan tanto de la corrupción, de la inseguridad y de la violencia, que están provocando reacciones encontradas cada vez más fuertes, poniendo en riesgo este neoliberalismo que necesita un ligero barniz de legitimidad. Mientras, los informes de organizaciones internacionales dan cuenta del grave estado de los derechos humanos en este país, casi no hay semana en que alguno termine su investigación y nos exhiba como un país de mentiras, porque hasta fabricamos culpables al contentillo de cualquiera, para esconder el fracaso intencional en la guerra contra la delincuencia organizada. Pero quizás las cifras ya no nos digan nada, estamos tan insensibles y “normalizamos” tanto la violencia que corremos el riesgo de tolerarla y creer que es inevitable. Va un caso de los 100 que documentó detalladamente Amnistía Internacional para su informe titulado: Sobrevivir a la Muerte, Tortura de Mujeres por Policías y Fuerzas Armadas en México AMR 41/4237/2016 «Mónica, entonces de 26 años, viajaba en automóvil con su esposo y su hermano el 12 de febrero de 2013 cuando les dio el alto la Policía Municipal de Torreón, en el estado de Coahuila. Mónica relató a Amnistía Internacional los sucesos que siguieron. Los agentes no mostraron orden de aprehensión alguna, pero se los llevaron a los tres a un galpón detrás de las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública de Torreón. Mónica al principio se quedó fuera, en una camioneta policial. Un oficial llegó y, cuando vio a Mónica allí, se puso furioso con la agente que la había llevado, y le dijo: “¡Eres una pendeja! ¿Por qué la tienes detenida ahí?”. Unos minutos después regresó y metió a Mónica en el galpón, amenazándola con cortarla en pedacitos. Según el relato de Mónica, al entrar en el galpón el oficial le dijo, “bienvenida a la fiesta”, y ella vio a su hermano y su esposo sentados, desnudos y ensangrentados. Los policías agarraron a Mónica y empezaron a simular que la ahogaban sumergiéndole repetidamente la cabeza en una cubeta. Luego la asfixiaron con bolsas de plástico, la golpearon en las nalgas con un tablón de madera y la arrastraron por el suelo agarrándola del pelo. Durante todo ese tiempo, no dejaron de hacerle preguntas que Mónica no podía contestar. Mónica vio cómo golpeaban a su esposo con látigos con espuelas de metal y cómo le desprendían la piel de la pierna con un cuchillo. Los policías municipales aplicaron descargas eléctricas a Mónica en los genitales y las piernas. A continuación, un representante de la Secretaría de Seguridad Pública de Torreón la agarró y empezó a besarla bruscamente y a morderla en la cara y el cuello, y luego la violó delante de su esposo y su hermano. Después, seis policías la violaron uno detrás de otro, y a continuación se masturbaron en su cara y la obligaron a practicarles sexo oral y tragarse el esperma. Durante esa brutal violación, unos miembros uniformados del ejército estuvieron allí mirando. Luego la policía llevó a los tres detenidos a las oficinas de la PGR en Torreón. En el camino, el esposo de Mónica murió en sus brazos, a consecuencia de la tortura. Tras permanecer más de 12 horas bajo custodia policial, a Mónica la llevaron en avión a las oficinas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en la Ciudad de México, donde la obligaron a firmar una “confesión” en la que decía que formaba parte del cártel de droga de los Zeta. Luego se desmayó, y la llevaron a toda prisa al hospital. En agosto de 2014, expertos forenses de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmaron que Mónica había sido violada y que su esposo había sido ejecutado arbitrariamente a consecuencia de su tortura. En abril de 2016, la CNDH emitió una recomendación en la que pedía una investigación criminal sobre el caso. Mónica está en prisión en espera del resultado de su juicio por cargos de participación en delincuencia organizada. Dos de sus cuatro hijos, de corta edad, están al cuidado de un albergue, ya que su familia no puede asumir el costo de su manutención.» Cualquiera, literalmente, puede ser detenido, torturado y obligado a “confesar” cualquier cosa que a nuestros cuerpos “de seguridad” les dé la gana. Somos rehenes en un país donde sólo tenemos el derecho de sufrir abusos en silencio, apenas algunos de miles de casos salen a la luz y provocan alguna respuesta, como el de la valiente señora que denuncia el robo y la violación en un autobús de la línea de transporte más lujosa y en la autopista más transitada del país, pero primero tuvo que “compartirlo” en las redes sociales para que los medios masivos hicieran algo de eco porque era imposible seguir ocultando lo que siempre desdeñan. Después la respuesta ridícula pero apantallante, la movilización, tardía, insuficiente, de 300 policías para “vigilar” 100 kilómetros de carretera, como si las “fuerzas del orden” no fueran parte del problema, sin dejar de reconocer que entre sus integrantes hay quienes quieren hacer la diferencia, pero el mismo sistema los ahoga y sobrepasa. No es solo Oaxaca, no es solo la CNTE, no son solo los familiares de los desaparecidos, no es solo Ayotzinapa o Tlatlaya o Nochixtlán o San Fernando o la guardería ABC, no son solo las mujeres torturadas o violadas o asesinadas, no son solo los inocentes a quienes les fabrican delitos, también son las mentiras y los abusos cotidianos. Somos casi todos.

PRENSA Y LIBERTAD

En la vorágine festiva del mes de mayo se están perdiendo eventos cuya importancia es cada vez mayor por los efectos que tienen sobre nuestras vidas. Sin ir más lejos, la semana pasada se conmemoró el Día Internacional de la Libertad de Prensa, desde un día antes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de nuestro país presentó un primer diagnóstico poco halagüeño, más bien escalofriante, en un comunicado dado a conocer y que poco trascendió, se señaló textualmente que: "Los ataques contra periodistas en nuestro país han hecho que los recientes años sean negros para ellos. No debemos permitir que trabajen bajo la amenaza de la violencia y de las balas… debemos mantener una actitud de rechazo a la violencia y de exigencia para evitar que el periodismo se convierta en el oficio más peligroso… de 1999 a la fecha se han radicado en la CNDH 594 expedientes de queja por agravios a periodistas… tiene registradas 10 desapariciones de periodistas… De 2000 a la fecha se tienen registrados 61 homicidios de periodistas”.
Y es que el periodista es el encargado de recoger las voces de los ciudadanos que tienen el derecho de expresarse libremente, de dar cuenta de los sucesos más importantes, de exponer lo que está excepcional y cotidianamente bien pero también lo que se hace mal o en contra de los intereses de esos ciudadanos que son mayoría y contribuyen con su actividad, respeto y tolerancia a reforzar un tejido social que se desgarra por los malos gobiernos y la delincuencia.
En este contexto se da la emboscada a una caravana compuesta por integrantes de organizaciones no gubernamentales mexicanas y finlandesas, que acompañados de periodistas fueron cobardemente baleados por esas fuerzas paramilitares que controlan buena parte del sur del territorio nacional. Si en el centro y norte ya estaban las cosas más que calientitas, y como muestra macabra allí está la cuota de asesinatos diarios en diferentes estados y el terror que paraliza ciudades y provoca estampidas humanas en lugares de supuesto esparcimiento, ahora resulta que en lugares como Oaxaca y muchos otros de nuestro diverso y caluroso sur, operan grupos paramilitares patrocinados, protegidos y armados por caciques, presidentes municipales, líderes religiosos y empresas trasnacionales, allí tampoco opera la ley, allí la impunidad y la corrupción también son moneda corriente y la vida no vale nada. Lamentable y dolorosa la muerte de Beatriz Alberta Cariño Trujillo, que en el primer apellido llevaba la dedicación por su pueblo, por una vida mejor, digna por lo menos; también la del activista finlandés que obliga a los gobiernos europeos a reaccionar con indignación y con enojo, para que luego el señor que cobra como presidente de este país diga que los medios son los que hablan mal de México, como si no pasara nada malo.
Otra perla de nuestro surrealismo y de esas fiestas que se transforman en tragedias, en el espacio temporal de esta semana que pasó, la ciudadana Sara López González recibió el premio “Don Sergio Méndez Arceo” que otorga la fundación del mismo nombre para reconocer a quienes se hayan destacado por su valor en la defensa y promoción de los derechos humanos en nuestro país, nada más que esta ilustre mexicana se encuentra presa en el penal de Kobén en Campeche por luchar contra los cobros desproporcionados de la Comisión Federal de Electricidad, esta notable mujer es miembro del Movimiento de resistencia contra las altas tarifas de la energía eléctrica de Candelaria, Campeche. Según las crónicas periodísticas: “En noviembre de 2008 Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borja fueron acusados por la CFE de privación ilegal de la libertad de un funcionario público e impedimento para la realización de un servicio público, cuando en realidad el funcionario les acompañó a supervisar la reconexión del servicio... Dicho movimiento agrupa a más de tres mil personas de 30 comunidades de la región y es parte de un movimiento nacional contra las altas tarifas de energía. Su exigencia ha sido el que se acaben los abusos que representan los cobros excesivos de la energía eléctrica, el establecimiento de una tarifa justa adecuada al nivel adquisitivo de la población de la región y el mejoramiento del servicio de energía eléctrica por el que los ciudadanos pagan a la paraestatal. La prestigiada organización Amnistía Internacional los declaró presos de conciencia el pasado 4 de marzo y acusó a las autoridades mexicanas de utilizar indebidamente el sistema de justicia para detener a estos líderes comunitarios”. Sin necesidad de jugar al adivino, en textos anteriores nos referíamos a los efectos del proceso de empobrecimiento de gruesas capas de nuestra población, que estaban haciendo que no pudieran tener acceso a los servicios públicos indispensables para diferenciar nuestro modo de vivir al de los animales, también, que nuestro gobierno federal prefería castigar penalmente la protesta social antes que ofrecer soluciones viables y dignas.
Otra vez nuestro desaseado e injusto sistema de justicia puesto en entredicho, con datos duros, no con chismes o rumores malintencionados. Igual que con el caso de las indígenas queretanas que por fin salieron libres, igual que con los padres de los niños de la guardería ABC, igual que en el caso de los ejecutados en un retén de Tamaulipas o de los estudiantes del Tec de Monterrey. Parece que las autoridades recibieron la orden de justificar lo injustificable y terminaron exhibiéndose más de lo que ya estaban.
De las demandas de los trabajadores el primero de mayo, de los ciudadanos que claman por un país seguro, sin corrupción ni impunidad; de la actitud digna y participativa de nuestros paisanos que están más allá de nuestra frontera norte y sus protestas contra mantenerlos en la ilegalidad, contra la discriminación, contra el racismo; de todo esto y más nos enteramos por los periodistas y los medios para los que trabajan y que saben que hay que proteger y ejercer la libertad de prensa, que los lectores, radioescuchas, televidentes, usuarios de internet tienen el derecho a estar bien informados para que puedan sustentar sus decisiones cotidianas y saber que vivir tiene algún sentido y vale la pena.
La esperanza es que la prensa y el periodismo queretanos estén a la altura de las circunstancias, que sepan que informar con la verdad, investigar con independencia, son exigencias actuales que hay que satisfacer, y si no, que la ciudadanía se los demande.

NO MÁS RETROCESOS
Joaquín Córdova Rivas

Como si no fuera suficiente con las broncas que tenemos encima, seguimos bordando sobre temas históricamente superados. No basta con la excesiva crueldad de los ejecutados, ahora mutilados, cercenados y colgados. No basta con las guerras internas en que se han convertido los procesos electorales hasta del municipio más pequeño y apartado, no basta con el terror que infunden con la reforma fiscal, que cuida los regímenes especiales de las grandes empresas y le va a hincar el diente a los contribuyentes cautivos, que son los que menos tienen. Ahora hay que sumarle, al menos, dos problemas más.
Comencemos con la importante elección del nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esos que les estorban a los que quisieran imponer su muy particular noción de orden a costa de los derechos de los demás, aunque digan lo contrario.
Aquí hemos argumentado que un gobierno y unas instituciones laicas son la mejor defensa de la libertad religiosa y de creencias, que no se vale que supuestas mayorías automáticas quieran arrasar con las supuestas minorías, castigarlas y desaparecerlas utilizando los mecanismos del Estado, que la competencia para conseguir adeptos se mantenga en el ámbito personal y no envenene las relaciones sociales y las instituciones que deben garantizar una educación, salud, cultura, entretenimiento y demás para todos, sin distingos, sin preferencias o prejuicios.
Bien, pues hay algunos que siguen a contracorriente, el señor Hugo Valdemar que trabaja como vocero de la Arquidiócesis de México anuncia su veto a uno de los candidatos a dirigir la CNDH, se lanza, a nombre de esa organización porque no habló a nombre propio, en contra del expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal el señor Emilio Álvarez Icaza. La intolerancia se come hasta a los de casa. Y es que Emilio Álvarez Icaza es hijo de quien fuera un importante dirigente social del catolicismo, de los poquísimos que asistiera, sin haber hecho votos en alguna orden religiosa, porque dirigía el Consejo Mundial de Laicos, a importantes reuniones en el Vaticano que resultaran definitorias en la inclinación social de una iglesia que seguía mirando a Europa e ignorando a América y África. José Álvarez Icaza padre fue pionero en defensa de los derechos humanos en México, fundador del Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) que naciera ligado a la cúpula católica y que después se fuera independizando para tener una mayor autoridad moral y credibilidad, precisamente en una sociedad laica donde las intolerancias religiosas se presentaban con particular crudeza en lugares que ningún medio de comunicación alcanzaba a cubrir.
Tan cercano era Don José a la cúpula eclesiástica católica que las crónicas de la época reconocen que: “Fueron amigos desde el Concilio Vaticano II. Desayunaron juntos a lo largo de cinco años en el restaurante La Carbonara, en Campo di Fiori, en el Vaticano, durante los años que José Alvarez Icaza fungió como director de la Comisión Vida de la Familia y el entonces obispo de Cracovia, Karol Wojtyla, era su asistente eclesiástico. Eran los años 60, durante el pontificado de Juan XXIII”. Pero la cercanía se rompe cuando al obispo polaco se le nombra Papa y ocurre la Asamblea General del Episcopado Latinoamericano: "En Puebla se instalaron severas medidas para que no fueran molestados los obispos en sus deliberaciones -escribió Alvarez Icaza en su reseña sobre ese encuentro-. Y así una gran cantidad de personas que habían acudido a esa ciudad para plantear sus cuestiones a los obispos, quedaban frustradas. Para entonces ya no era miembro del Consejo de Laicos y sólo tuve un acceso muy precario a la asamblea, como periodista. Montamos entonces una agencia alternativa de prensa de la asamblea (Extramuros) que recogió toda la riqueza que los laicos querían hacer llegar a sus obispos, lo cual finalmente pudimos conseguir. Y así, por un medio indirecto y a través de los medios de comunicación, se pudo incidir en el documento final de Puebla. Los laicos participantes en esta aventura debimos soportar toda suerte de agresiones...¡Ni modo!"
El periodista Gerardo Galarza relaciona la trayectoria de ambos personajes: “Supongo que don Pepe, el único laico junto con su esposa que asistió al Concilio Vaticano II, también dirigente de aquel Movimiento Familiar Cristiano, luego miembro e integrante de la dirección nacional del inolvidable Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), el mismo quien transitó del “cristianismo, sí; comunismo, no” a acompañar a los comunistas mexicanos a la Basílica de Guadalupe, deberá estar orgulloso del informe que el presidente de la CDHDF rindió sobre los hechos de la News Divine”.
Cualquiera de los dos Álvarez Icaza sabe y sabía que la libertad religiosa no podía disfrazarse de una falsa libertad de expresión, que esa libertad es exclusiva de los individuos no de las corporaciones, sean estas empresariales, religiosas o del tipo que sean. Que para promover las creencias hay lugares, formas y mecanismos específicos a los que todos deben ajustarse para no favorecer, desde el poder político, a alguno. Si algo ha demostrado la historia es que las teocracias son lo peor que nos ha pasado y nos puede pasar. Por eso no se vale enarbolar vetos en asuntos que no les corresponden, hay que avanzar, no retroceder.
El otro asunto que no es menos importante, es el de las influenzas, el de los contagios virales que con los cambios de temperatura bruscos, característicos de la época, se han disparado y desnudado al sistema de salud mexicano, mal preparado y que sigue dando tumbos con el costo de muertes innecesarias, de costos económicos elevados por las ausencias de trabajadores y estudiantes. El fin de semana nos enteramos que el secretario de salud calculaba que llegaría a 300 el número de muertos por la influenza A H1N1 cuando la cifra, comprobada, es de 263. Pero esas cifras no cuadran. Sólo se manda a comprobación un tercio de los casos sospechosos porque son tantos que no tiene caso examinarlos todos. Sabemos que nuestros hospitales y clínicas públicas no tienen la capacidad para atender lo que se viene, que los casos graves serán tantos que no habrá forma de atenderlos a todos como se requiere, no hay camas suficientes, no hay respiradores, no hay médicos, no hay enfermeras, no hay especialistas. En Querétaro se está planeando rentar clínicas y hospitales para suplir las carencias. Y finalmente, corroborar que los resultados de los análisis para confirmar la presencia del virus, en el organismo de algún desafortunado queretano, es de dos semanas porque aquí no hay forma de llevar a cabo esos exámenes, sin que exista mecanismo alguno, pensado e implementado, para dar esa información a los enfermos, es decir, ni siquiera los que presentan los síntomas sabrán si tuvieron influenza y de qué tipo. Ni siquiera los inmunizados sabrán que lo son y seguirán viviendo con temor.