FRUSTRACIÓN APRENDIDA

Todo apunta en la misma dirección pero no se hace caso. Prácticamente no existe institución, pública o privada, en este país, que funcione como debe o se supone que debe de funcionar. En muchos casos los esfuerzos por hacer las cosas bien se estrellan con los imponderables de la corrupción, la inseguridad, la incertidumbre de no saber qué pasa cuando alguien sale de su casa o se queda en ella, cuando hay que circular por calles, avenidas, carreteras o autopistas esclerotizadas o a merced del más imprudente, más bestia o más pesado. O cuando se solicita un servicio que se cobra y nunca se proporciona; cuando se nos da gato por liebre en los litros de gasolina, en los kilogramos de lo que sea, en la confianza que se traiciona, en la buena fe que se toma por estupidez, en el supuesto amor que se transforma en violencia. En este México azotado por múltiples crisis que casi todos sentimos, pero que unos pocos se empeñan en negar, hasta al principal jerarca católico se le enmienda la plana. Todos estamos equivocados menos nuestra autista clase política, que incluye a las cúpulas partidistas, empresariales y religiosas. Cualquier región del mundo estaría sujeta a procedimientos anticorrupción radicales, allí están como ejemplos: Guatemala, Brasil, España, y casi cualquier país que tenga, todavía, una mínima capacidad de reacción y corrección, hasta la FIFA tiene que fingir que hace por algo por enmendarse. Pero aquí no. Será porque surtimos de mano de obra barata y dócil a la primera potencia económica del mundo, nuestro incómodo vecino del norte, que interesadamente decide quién sí y quién no, debe de corregir su descarado actuar. Prácticamente no hay organización, nacional o internacional, de promoción y protección a los derechos humanos que no esté denunciando, en todos los tonos y por todos los medios, lo que aquí padecemos cotidianamente. Afortunadamente no perdemos la capacidad de indignarnos, pero eso de poco sirve si no hay resultados. «Según cifras oficiales, de diciembre de 2006 a noviembre de 2012 se cometieron 102.696 homicidios en el país y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas hizo referencia a 151.233 hasta agosto de 2015. Aunque la cantidad anual de estos delitos se ha reducido desde 2013, la cifra sigue siendo alta. Al 30 de septiembre de 2015, el Estado mexicano reportaba 26.798 personas “no localizadas” o desaparecidas a nivel nacional, y en algunas entidades federativas existe una tendencia a la alza. […] Las falencias en las investigaciones sobre desapariciones son graves y múltiples. La actual crisis de graves violaciones de derechos humanos que atraviesa México es en parte consecuencia de la impunidad que persiste desde la “Guerra Sucia” y que ha propiciado su repetición hasta hoy en día. Muchos casos de desaparición no se denuncian debido a la desconfianza de los familiares en la capacidad de respuesta del Estado o su temor a sufrir represalias, y en los casos donde sí hay denuncia, la respuesta de las autoridades presenta graves deficiencias. En este contexto, en todos los lugares que la CIDH visitó durante su visita se reunió con víctimas, familiares y defensores, quienes describieron los obstáculos que han encontrado en su búsqueda de justicia y su desconfianza en las autoridades. Estas informaciones son consistentes con las investigaciones hechas por la CIDH en los últimos meses en México, así como con diversas fuentes nacionales e internacionales. Los hallazgos por los familiares de fosas con decenas de cadáveres resaltan que son ellos quienes ante la inoperancia del Estado, han asumido la búsqueda de sus seres queridos, mientras que las autoridades no cumplen con su deber de investigar, encontrar, identificar y entregar a las víctimas con debida diligencia como corresponde.» Situación de los derechos humanos en México. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf La desvergüenza se exhibe en los medios no domesticados, que gracias al internet y las redes sociales, son cada vez más y mejor informados. Pero la “verdad oficial” insiste en imponerse, en cercar a las voces disidentes, en señalarlas como alarmistas y falsas, en armar costosas campañas de desprestigio, en justificar los excesos y las corruptelas, en utilizar la “justicia” para victimizar, una y otra vez, a los que disienten y siguen señalando que nuestra situación no tiene nada de “normal”. No se tientan el corazón para utilizar toda la fuerza de este maltrecho Estado para reprimir y crear un ambiente de miedo, porque saben que el miedo paraliza, hasta que las cosas estallan: «Por otro lado, la práctica de la tortura es alarmante en México. El Estado mexicano informó que la Procuraduría General de la República (PGR) contaba, al mes de abril de 2015, con 2.420 investigaciones en trámite sobre tortura, y que existen sólo 15 sentencias condenatorias por este delito a nivel federal. La Comisión coincide con otros organismos internacionales al señalar que en México la tortura es generalizada, y se presenta frecuentemente entre el momento de una detención— que suele ser arbitraria—y antes de que la persona detenida sea puesta a disposición de un juez. La CIDH observa que incluso en la investigación de los hechos ocurridos en Iguala, uno de los asuntos de mayor perfil en materia de derechos humanos en los últimos años, el 77% de las personas investigadas mostraban lesiones corporales, un indicio, por lo menos, de la existencia de apremios ilegales y posibles torturas perpetradas en su contra. La Comisión ha constatado en terreno niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares. La falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y en ciertos casos impulsar la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos. Las amenazas, hostigamientos, asesinatos y desapariciones de personas que buscan verdad y justicia han generado un amedrentamiento en la sociedad mexicana, el cual la CIDH constató en reiterados testimonios de personas que no denuncian estas violaciones ante las autoridades por temor a represalias, generando un problema grave de sub-registro en las cifras oficiales. Las barreras en el acceso a la justicia, y la inoperancia en muchos casos con la impunidad resultante, han debilitado el Estado de Derecho y constituyen desafíos urgentes.» Hay muchos mexicanos que no caen en el letargo o están saliendo de él. Que no se “acostumbran” a ser siempre las víctimas de todas y cada una de las pequeñas o grandes cosas que no funcionan. Que saben que la solución no pasa por fugarse de una realidad apabullante, que no se cansan de exigir, denunciar, poner el ejemplo; que no pierden la esperanza y construyen espacios disfrutables, gratificantes, de confianza y certidumbre, a esos hay que apoyarlos, a los otros, condenarlos a cualquiera de los inframundos del desprecio y a la aplicación, tarde que temprano, de la justicia de a de veras. Estamos aprendiendo, otra vez, a dejar de ser los eternos frustrados.

PAÍS SANGRIENTO

La propuesta es de Eduardo del Río (Rius), la motivación es la persistencia en una estrategia equivocada a la luz de los efectos sobre la ciudadanía indefensa. No se afectan las finanzas de la delincuencia organizada que no solo se dedica al narcotráfico, también tiene que ver con el acceso a información privilegiada, con las “reglas” legales que permiten los fraudes o los dejan fuera de cualquier castigo; tiene que ver con la trata de personas incluidos niños y niñas, tiene que ver con el secuestro, robo, asesinato y explotación de migrantes propios y ajenos; con la criminalización de la protesta social, con el acoso a las organizaciones sociales y a defensores de los derechos humanos, con los asesinatos a periodistas, con las estúpidos e hipócritas “daños colaterales” de una guerra instalada en nuestras calles, escuelas, plazas, ciudades, carreteras, negocios y hogares. Tiene que ver, fundamentalmente, con un sistema social, económico, político, religioso y empresarial corrupto e impune.

Pero en lugar de enfocar los esfuerzos y las energías sociales en contra de esa corrupción e impunidad, se han concentrado los beneficios –porque siempre algunos salen ganando—en los mismos de siempre mientras se socializan las pérdidas en toda la población. Más de 30 mil mexicanos muertos en los últimos 4 años, muchas víctimas inocentes y otras no tanto, el problema es que no sabremos qué tanto porque no hay investigación, no hay un aparato de justicia que la administre y la procure, no hay un efectivo sistema penitenciario. En lo que sí ha habido éxito es en el desmantelamiento de esas instituciones basadas en la solidaridad que garantizaban cierto grado de seguridad y bienestar, esas instituciones de salud, de cultura, educación, de protección de los derechos laborales que premiaban la constancia y el esfuerzo. Que tenían fallas y eran perfectibles ¡por supuesto! Pero había cierta garantía de que a quien se portaba bien le iba bien, cualquier cosa que significara eso.

Ahora es difícil diferenciar entre los buenos y los malos, porque con el pretexto de la “guerra” o la “lucha” contra el narcotráfico y sólo contra esa parte de la delincuencia organizada, se vale todo, al grado de que es casi igual de riesgoso toparse con un retén o caravana de delincuentes que de policías y soldados. Porque algunos siguen pensando que en una guerra la ley y los derechos son un estorbo.

“Nos están llevando a un estado de importamadrismo” dice Rius, tanta violencia parece estar logrando ese efecto, o al menos es el riesgo, que el miedo combinado con la indiferencia nos lleve a aceptar lo inaceptable, que la energía ciudadana se apague y sea más manipulable, que entreguemos lo poco que nos queda como colectividad para que nuestros millonarios blindados y super vigilados sigan consintiéndose aprovechando un sistema diseñado para ellos.

Por eso el escándalo y la descalificación, si la campaña ciudadana propuesta por el monero Eduardo del Río tiene éxito en movilizar a la ciudadanía en algo tan sencillo como pegar en casas, negocios y automóviles un pequeño cartel diseñado para eso pero que cada quien debe imprimir, reproducir y pegar, para demostrar que es una iniciativa independiente, que no depende de coyunturas políticas, que es contra una estrategia que en 4 años ha demostrado su ineficacia y un costo altísimo que además se está incrementado a niveles que desde hace mucho son inaceptables, entonces se corre el riesgo –para algunos— de que se movilice para defender otras demandas urgentes y justas.

Hay que pelear contra la corrupción en todos los niveles, contra los privilegios y las desigualdades, contra la excesiva concentración de la riqueza, contra los monopolios y duopolios, contra la simulación, contra la impunidad, contra la violencia. Quizás ya llegó el momento de plantearse cambios radicales y pacíficos, no las reformas que buscan profundizar un modelo que no nos funciona.