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domingo, 28 de agosto de 2016
LA EXPOSICIÓN DE LA VERGÜENZA
La punzante Carmen Aristegui entrevista al Juez Roberto F. Caldas, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado 22 de agosto, la pregunta es obligada pero pocos la hacen ¿con qué mecanismos cuenta dicha Corte para hacer respetar sus resoluciones en los países que están, como México, adheridos a ella? El Juez llega a la última instancia cuando hay gobiernos que no respetan su legalidad interna ni la internacional, la llamada “exposición de la vergüenza”. Eso significa que el quedar señalado, después de un largo proceso de investigación, como repetido infractor de los Derechos Humanos ante los 26 países firmantes, que abarcan más de 560 millones de pobladores, y el resto del mundo, obliga a los gobiernos renuentes a recibir y acatar esas resoluciones, aunque no quieran. Pero ¿qué se hace con gobernantes que no tienen ni vergüenza?
En nuestro sistema educativo conviven —es un decir—, todas las virtudes y defectos de una sociedad como la nuestra, desde el respeto y consideración por la potencialidad de nuestros niños y jóvenes, hasta la simulación y el chambismo. Por eso, una verdadera reforma educativa debe ofrecer a los docentes, entre otras cosas, un “piso parejo” para demostrar sus capacidades y entrega, independientemente de otras formas de méritos que, con el paso del tiempo, se han ido pervirtiendo hasta extremos increíbles.
Por “no meterse en problemas” nuestras instituciones educativas han aceptado acreditaciones académicas falsas o de instituciones patito que se dedican al negocio de cobrar por grados que se cursan en el papel, algo así como “pague ahora y aprenda si le da la gana”, el affaire Peña Nieto y su tesis es una muestra. Los mismos sindicatos se prestan al juego defendiendo agremiados que no soportan la más mínima investigación de sus antecedentes laborales y académicos; por otro lado, existen docentes altamente capacitados que aprendieron a aprender por su cuenta y riesgo, y que requieren de una instancia propia del contexto en que desarrollan su labor, que reconozca esos saberes e idoneidad. La Ley General del Servicio Profesional Docente, con su propia forma de evaluar, parece una oportunidad ideal para lograr tal propósito. Que su juzgue a los profesores por su desempeño actual, por sus conocimientos reales y puestos en práctica, por sus competencias pues, no por méritos cuestionables, poco adecuados o insuficientes para hacer que sus estudiantes se apasionen por aprender y lo logren.
La política debiera ser el arte de hacer posible lo deseable, pero nuestros gobernantes convierten lo deseable en imposible. La mencionada Ley del Servicio Profesional Docente parece tener objetivos claros que se van opacando según avanza su articulado, por ejemplo: «Artículo 4. XXXII. Servicio Profesional Docente o Servicio: Al conjunto de actividades y mecanismos para el Ingreso, la Promoción, el Reconocimiento y la Permanencia en el servicio público educativo y el impulso a la formación continua, con la finalidad de garantizar la idoneidad de los conocimientos y capacidades del Personal Docente y del Personal con Funciones de Dirección y de Supervisión en la Educación Básica y Media Superior que imparta el Estado y sus Organismos Descentralizados.» Suena bien, pero las cosas se embrollan y comienzan los candados que permiten que dichas funciones queden como simples promesas o casi vacías de contenido: «Artículo 13. VIII. Desarrollar un programa de estímulos e Incentivos que favorezca el desempeño eficiente del servicio educativo y contribuya al reconocimiento escolar y social de la dignidad magisterial. Artículo 14. V. Establecer niveles de competencia para cada una de las categorías que definen la labor de quienes realizan las funciones de docencia, dirección y supervisión, a efecto de que dicho personal, las escuelas, las zonas escolares y, en general, los distintos responsables de la educación en el sistema educativo cuenten con referentes para la mejora continua y el logro de los perfiles, parámetros e indicadores idóneos.» Muy bonito, pero en la redacción se abre la puerta, al establecer “perfiles, parámetros e indicadores”, a que el chambismo o la falsa meritocracia se cuelen y se apropien, otra vez, de todo el andamiaje de promoción, incentivos y reconocimientos, al “piso parejo” le aparecen los baches que lo pueden volver intransitable o desalentador. Hay que advertir que buena parte de la crisis educativa tiene que ver con la poca o nula preparación pedagógica de licenciados, maestros y doctores que pueden dominar su materia, pero resultan incapaces de mediar entre un programa de estudios y el aprendizaje real de los niños y jóvenes.
Peor todavía, hay que esperar hasta casi la mitad del articulado para caer en el franco desánimo porque dice: «Artículo 39. […] El acceso al primer nivel del programa y el avance de niveles estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal.» Y ya sabemos que en este país la educación es prioridad en los discursos, pero no en el presupuesto, de hecho, cuando hay que “ajustar”, lo primero que se les ocurre es desaparecer el financiamiento que ya estaba autorizado, bueno, el último “recorte” fue de 6 mil 500 milloncitos, más los que se quiten para lo que resta del año y el que entra. Eso significa que docentes evaluados que logren una destacada o excelente calificación, no podrán entrar a los programas de promoción o de incentivos porque no hay dinero, con promesas incumplidas no se estimula a nadie, más bien se provoca un efecto contrario. En la misma Constitución debería establecerse la obligación del Estado para que se destine el presupuesto suficiente para que nuestro sistema educativo pueda “atraer y retener a los mejores docentes”, como dice la propuesta de Modelo Educativo 2016, porque ahorita se están fugando.
Cualquier país con buenos resultados educativos sabe que tener buenos maestros —bien capacitados, los mejores en su profesión y con vocación, bien pagados para atraer y quedarse con los mejores—, es indispensable para eso que llaman “calidad”. No se puede presumir que la educación es una prioridad y derecho supremo de los niños, cuando en lo real se desprecia al magisterio, se le mal trata, se le insulta y señala como irresponsable y convenenciero, menos recortando los recursos para premiar a los que se lo merecen y, en última instancia, serán los encargados de transformar mucho de lo malo que padecemos.
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sábado, 12 de marzo de 2016
FRUSTRACIÓN APRENDIDA
Todo apunta en la misma dirección pero no se hace caso. Prácticamente no existe institución, pública o privada, en este país, que funcione como debe o se supone que debe de funcionar. En muchos casos los esfuerzos por hacer las cosas bien se estrellan con los imponderables de la corrupción, la inseguridad, la incertidumbre de no saber qué pasa cuando alguien sale de su casa o se queda en ella, cuando hay que circular por calles, avenidas, carreteras o autopistas esclerotizadas o a merced del más imprudente, más bestia o más pesado. O cuando se solicita un servicio que se cobra y nunca se proporciona; cuando se nos da gato por liebre en los litros de gasolina, en los kilogramos de lo que sea, en la confianza que se traiciona, en la buena fe que se toma por estupidez, en el supuesto amor que se transforma en violencia.
En este México azotado por múltiples crisis que casi todos sentimos, pero que unos pocos se empeñan en negar, hasta al principal jerarca católico se le enmienda la plana. Todos estamos equivocados menos nuestra autista clase política, que incluye a las cúpulas partidistas, empresariales y religiosas.
Cualquier región del mundo estaría sujeta a procedimientos anticorrupción radicales, allí están como ejemplos: Guatemala, Brasil, España, y casi cualquier país que tenga, todavía, una mínima capacidad de reacción y corrección, hasta la FIFA tiene que fingir que hace por algo por enmendarse. Pero aquí no. Será porque surtimos de mano de obra barata y dócil a la primera potencia económica del mundo, nuestro incómodo vecino del norte, que interesadamente decide quién sí y quién no, debe de corregir su descarado actuar.
Prácticamente no hay organización, nacional o internacional, de promoción y protección a los derechos humanos que no esté denunciando, en todos los tonos y por todos los medios, lo que aquí padecemos cotidianamente. Afortunadamente no perdemos la capacidad de indignarnos, pero eso de poco sirve si no hay resultados.
«Según cifras oficiales, de diciembre de 2006 a noviembre de 2012 se cometieron 102.696 homicidios en el país y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas hizo referencia a 151.233 hasta agosto de 2015. Aunque la cantidad anual de estos delitos se ha reducido desde 2013, la cifra sigue siendo alta. Al 30 de septiembre de 2015, el Estado mexicano reportaba 26.798 personas “no localizadas” o desaparecidas a nivel nacional, y en algunas entidades federativas existe una tendencia a la alza. […] Las falencias en las investigaciones sobre desapariciones son graves y múltiples. La actual crisis de graves violaciones de derechos humanos que atraviesa México es en parte consecuencia de la impunidad que persiste desde la “Guerra Sucia” y que ha propiciado su repetición hasta hoy en día. Muchos casos de desaparición no se denuncian debido a la desconfianza de los familiares en la capacidad de respuesta del Estado o su temor a sufrir represalias, y en los casos donde sí hay denuncia, la respuesta de las autoridades presenta graves deficiencias. En este contexto, en todos los lugares que la CIDH visitó durante su visita se reunió con víctimas, familiares y defensores, quienes describieron los obstáculos que han encontrado en su búsqueda de justicia y su desconfianza en las autoridades. Estas informaciones son consistentes con las investigaciones hechas por la CIDH en los últimos meses en México, así como con diversas fuentes nacionales e internacionales. Los hallazgos por los familiares de fosas con decenas de cadáveres resaltan que son ellos quienes ante la inoperancia del Estado, han asumido la búsqueda de sus seres queridos, mientras que las autoridades no cumplen con su deber de investigar, encontrar, identificar y entregar a las víctimas con debida diligencia como corresponde.» Situación de los derechos humanos en México. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf
La desvergüenza se exhibe en los medios no domesticados, que gracias al internet y las redes sociales, son cada vez más y mejor informados. Pero la “verdad oficial” insiste en imponerse, en cercar a las voces disidentes, en señalarlas como alarmistas y falsas, en armar costosas campañas de desprestigio, en justificar los excesos y las corruptelas, en utilizar la “justicia” para victimizar, una y otra vez, a los que disienten y siguen señalando que nuestra situación no tiene nada de “normal”. No se tientan el corazón para utilizar toda la fuerza de este maltrecho Estado para reprimir y crear un ambiente de miedo, porque saben que el miedo paraliza, hasta que las cosas estallan: «Por otro lado, la práctica de la tortura es alarmante en México. El Estado mexicano informó que la Procuraduría General de la República (PGR) contaba, al mes de abril de 2015, con 2.420 investigaciones en trámite sobre tortura, y que existen sólo 15 sentencias condenatorias por este delito a nivel federal. La Comisión coincide con otros organismos internacionales al señalar que en México la tortura es generalizada, y se presenta frecuentemente entre el momento de una detención— que suele ser arbitraria—y antes de que la persona detenida sea puesta a disposición de un juez. La CIDH observa que incluso en la investigación de los hechos ocurridos en Iguala, uno de los asuntos de mayor perfil en materia de derechos humanos en los últimos años, el 77% de las personas investigadas mostraban lesiones corporales, un indicio, por lo menos, de la existencia de apremios ilegales y posibles torturas perpetradas en su contra. La Comisión ha constatado en terreno niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares. La falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y en ciertos casos impulsar la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos. Las amenazas, hostigamientos, asesinatos y desapariciones de personas que buscan verdad y justicia han generado un amedrentamiento en la sociedad mexicana, el cual la CIDH constató en reiterados testimonios de personas que no denuncian estas violaciones ante las autoridades por temor a represalias, generando un problema grave de sub-registro en las cifras oficiales. Las barreras en el acceso a la justicia, y la inoperancia en muchos casos con la impunidad resultante, han debilitado el Estado de Derecho y constituyen desafíos urgentes.»
Hay muchos mexicanos que no caen en el letargo o están saliendo de él. Que no se “acostumbran” a ser siempre las víctimas de todas y cada una de las pequeñas o grandes cosas que no funcionan. Que saben que la solución no pasa por fugarse de una realidad apabullante, que no se cansan de exigir, denunciar, poner el ejemplo; que no pierden la esperanza y construyen espacios disfrutables, gratificantes, de confianza y certidumbre, a esos hay que apoyarlos, a los otros, condenarlos a cualquiera de los inframundos del desprecio y a la aplicación, tarde que temprano, de la justicia de a de veras. Estamos aprendiendo, otra vez, a dejar de ser los eternos frustrados.
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