CANCELAR LA REFORMA

Joaquín Córdova Rivas Se acabaron las vacaciones escolares, los recesos intersemestrales, los períodos de planeación y capacitación docentes, y comenzó el caos citadino con las presiones financieras para equipar a nuestros escolapios con material que, supuestamente, facilitará el aprendizaje. Pero detrás de todo eso hay datos que ilustran el tamaño del reto que cotidianamente se encara en las aulas: «El sistema educativo mexicano es uno de los más grandes del mundo, con poco más de 36 millones de alumnos, de los cuales 30.9 millones están matriculados en algún nivel de educación obligatoria. Éstos son atendidos por 1.5 millones de docentes en 243 000 escuelas o planteles escolares a lo largo y ancho del país. La gran mayoría del alumnado se encuentra matriculada en escuelas y planteles de sostenimiento público.» INEE (2018). La educación obligatoria en México. Informe 2018. México: autor. Estamos tan acostumbrados a la existencia de una educación masiva que ya ni cuestionamos su origen, porque no siempre han existido sistemas educativos con las características actuales —públicos, gratuitos y obligatorios—, es más, su invención o establecimiento como tal data de fines del siglo XVIII y estaba lejos de promover lo que ahora se pretende, pero aun persiste la idea y práctica de producir ciudadanos dóciles y obedientes. Ahora se le incorpora el acceso generalizado a una educación “de calidad” —término incorporado del ambiente fabril e inadecuado por indefinido en la educación— para todos sin importar origen, raza, preferencia religiosa o sexual, ingreso económico y casi cualquier tipo de incapacidad física o mental, con lo que se lograría la anhelada igualdad social o, siquiera, de oportunidad al acceso a un mejor nivel de vida, o de “calidad de vida” sin importar lo privilegiado o jodido. Para lograr el acceso generalizado a la educación se han destinado inmensos recursos en la contratación de docentes y construcción de escuelas, pero también se creó un sistema contrahecho que ha servido descaradamente para el control político, primero de los profesores, a través del que fuera uno de los monopolios sindicales más grandes del mundo, que se impuso incluso con el uso franco de la violencia, de la represión, de la desaparición y del asesinato, y después, de la población en general. No era raro, todavía hace algunos años, que las únicas personas con influencia en poblados y comunidades fueran el cura, el profesor y el cacique; lograr la “sincronía” de esos tres, o que el profesor renunciara a su misión educadora fuera del aula, combatiendo rezagos sociales, prejuicios e intolerancias religiosas, fue el principal “logro” de ese sindicalismo charro, dispensador de “favores” y no defensor de derechos. Por eso, la jiribilla —Palabra que denota doble sentido, doble intención, véase capcioso, maldad, trampa— está en la intención detrás del armado institucional de ese sistema educativo nacional, dejado a su suerte durante décadas hasta que nuestros tecnócratas detectaron que allí también había negocio. http://www.asihablamos.com/word/palabra/Jiribilla.php Desarmar, cancelar, derogar, transformar la reforma educativa impuesta a lo largo de los sexenios de este neoliberalismo depredador no es tan fácil como algunos quieren creer. Veamos algunos aspectos que señala el ya citado informe del INEE: «la reforma constitucional de febrero de 2013, que introdujo cambios fundamentales, entre los que destacan los siguientes: se estableció el derecho de todos a recibir una educación de calidad; se creó el Servicio Profesional Docente (SPD), y la evaluación educativa adquirió el rango de política nacional, en consonancia con lo cual se ampliaron las atribuciones del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), órgano al que se le confirió autonomía constitucional, se le erigió en autoridad en la materia y se le encargó la coordinación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE), así como la realización de mediciones y evaluaciones de componentes, procesos y resultados del Sistema Educativo Nacional (SEN) y la expedición de directrices para orientar la definición de la política educativa.» Para llegar a ese grado de detalle hubo que reformar los artículos tercero y setenta y tres constitucional, crear instituciones como el propio INEE y darle facultades que parecen excesivas. Como dicen algunos expertos, es un sistema redundante donde cambiar una cosa implica tocar a todas las demás, por eso quedarse solo en que la evaluación no debe ser punitiva deja vigente el resto del entramado que trata a los docentes como individuos sin contrato colectivo de trabajo, con la pérdida de derechos laborales que padecemos: acceso simulado a los programas de estímulo y a una categorización temporal producto del resultado de la evaluación. En el caso de Querétaro, sujetos a los caprichos del gobernador vía un congreso estatal controlado y obediente. Además, legitima el diseño a modo del sistema educativo nacional para satisfacer las demandas de las cúpulas empresariales de “adiestrar” mano de obra barata, “flexible” y dócil, en lugar de la formación de una ciudadanía crítica y reflexiva con conocimientos suficientes para enfrentar los retos sociales y económicos del siglo XXI. Adicionalmente y a pesar de contar con expertos en las ciencias que convergen en el trabajo en aula, en la capacitación docente, en el diseño de programas de evaluación, en el manejo de los aspectos socio-emocionales que implica la enseñanza y el aprendizaje, se ha estado recurriendo a instancias privadas con una visión sesgada y que buscan, en primer lugar, hacer negocio. Por ejemplo, el programa denominado CnstruyeT que promueve el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo, en nuestro país se le asignó a una empresa de “coaching”, en lugar de aprovechar a los científicos e instituciones de nuestras universidades privadas. Ni qué decir que existe un desfase muy evidente entre lo que se pretende y las herramientas con que se quiere hacer. En fin, falta que la experiencia de los docentes y estudiantes sea tomada en cuenta para un rediseño en profundidad del sistema educativo nacional, hay que reorientarlo hacia un diseño de país incluyente, tolerante, democrático y que haga realidad, en lo que le toca, la disminución significativa de las desigualdades sociales, a la vez que eduque para la paz.