DESPEGUE FORZOSO

Dice la sabiduría popular que cuando uno no sabe a dónde va, cuando pierde el horizonte por cualquier motivo o circunstancia, lo mejor es regresar al origen, a la raíz, y entonces reposicionarse y fijar nuevamente el rumbo. No es un retroceso, el camino andado allí queda, sirve de experiencia, pero también se vale rectificar. A las “nuevas” administraciones gubernamentales se les puede aplicar lo anterior, principalmente porque las componen personas con responsabilidades específicas. En el caso del poder ejecutivo, la representación recae en una sola persona, sea el gobernador o el presidente municipal, y a más de 100 días de iniciadas parecen no tener más horizonte que el ajuste de cuentas contra sus supuestos enemigos, y el pago de facturas políticas para sus oportunistas aliados. Por el lado del gobernador queretano parece no justificarse la actitud triunfalista, en ningún momento de su campaña política aparecía el revanchismo como propuesta; es lógico que ya en el cargo intente deshacerse de los lastres dejados por la administración anterior, todos sabemos de casos de disque servidores públicos que sólo cobraban y no trabajaban, o que trabajaban mal porque ocupaban el puesto por el simple mérito de ser amigos, ahijados, vecinos o parientes de “alguien” que a su vez tenía una relación parecida con otro “alguien” que estaba más arriba en la cadena política. No por nada los llamados Calzada boys tomaron cierta fama. También conocemos de casos de propietarios o directores de medios de comunicación que se preocupaban más, mucho más, por disputar el cuantioso presupuesto de “comunicación social” de los gobiernos estatal y municipales, que por mantener informada a la población a la cual le deben, en última instancia, su concesión. Sin duda que hubo servidores públicos en las diferentes instituciones públicas, que ocupaban dos o más plazas que, obviamente, no trabajaban, pero sí cobraban. Y ya para finalizar, de las decenas de “jubilaciones” sospechosas de última hora acreditando antigüedades laborales e ingresos que no se justificaban. Pero por esos transas están pagando otros que sí desquitaban el sueldo y estaban laborando cumpliendo con el perfil exigido en su puesto. Se denuncian millonarios faltantes como coartada inmovilista pero no se señalan ni castigan culpables. A pesar de las propuestas y promesas, estamos viendo serias regresiones. Con el pretexto de sanear las finanzas públicas se sufren despidos en masa y con poco tino. Se despide o pide la renuncia de trabajadores que estaban a unos pocos meses de poderse jubilar, de esos que a pesar de los cambios políticos se encargaban de mantener en funcionamiento la estructura de los gobiernos sin importar qué partido gobernara, de trabajadores de base con puestos modestos y sueldos de poca cuantía. También se pretende ponerles freno y límite a las jubilaciones desmedidas, pero eso afecta a los trabajadores que buscan progresar en su trabajo, porque para que tal medida fuera equitativa y efectiva, debería de verse acompañada por un límite igual a los ingresos totales de cualquier servidor público. De forma más clara, que desde el gobernador y para abajo, nadie pudiera tener un ingreso total mayor a 42 mil pesos mensuales, y esto tendría que incluir a presidentes municipales, y hasta a los diputados y magistrados del tribunal superior de justicia. Así, sí se las creo. Pero mientras eso sucede, se presume de más de mil despidos en el poder ejecutivo estatal y una cantidad similar en el municipio queretano, más unos 400 en El Marqués, y así le podemos ir sumando. ¿Alguien recuerda que esto fuera una propuesta electoral para atraer votos? Lo que también se ve es el manejo patrimonialista del poder, las sospechas de nepotismo tienen bases sólidas y allí están señaladas en algunos medios de comunicación. Igual el deterioro en el transporte público de todo el estado, las unidades chatarra volvieron a circular, el pésimo trato y servicio al ciudadano sigue ganando terreno, los abusos descontrolados contra los usuarios y automovilistas son cada vez mayores, dan la impresión que esa impunidad es parte de una factura política que se está pagando. Un ejemplo más claro y que no es único, más bien parece un modus operandi. El actual presidente municipal de la capital queretana le debe buena parte de su despegue a los vecinos de Hércules y colonias aledañas, ellos lo buscaron para exponer sus dudas y temores ante la opacidad con que se manejó el proyecto (fallido) del tren de alta velocidad México-Querétaro. Ese tema, con sus múltiples ramificaciones, provocó la movilización permanente de esa parte de la población, lo que daría plataforma y visibilidad a otros sectores que cuestionaron el proyecto, con toda la exposición mediática correspondiente y que solo había que aprovechar. Ese “origen” de la campaña política y electoral de Marcos Aguilar pronto se olvidó, en lugar de responderles a los vecinos de la zona con un delegado municipal con arraigo, buena fama y compromiso, se nombró a una dirigente de una organización de ganaderos de Ezequiel Montes, que, como dicen los vecinos de la zona, está aprendiendo la diferencia entre una vaca y un ciudadano común y corriente; es mala leche, lo sé, pero están enojados. Hay otro caso igual o más preocupante, como el desmantelamiento del Refugio Nu´Ju para Mujeres Víctimas de Violencia en Querétaro, por la vía del despido del personal, certificado, para tratar un tema tan delicado y que aparentemente estaba dando buenos resultados, por lo menos servía como última instancia de sobrevivencia física y mental para familias seriamente amenazadas por un machismo en retirada, pero que va a provocar muchos daños que pueden ser irreparables de no existir estas alternativas. Caso grave el trato que se está dando a la desaparición de personas, se ningunea a los desesperados familiares, se echan a perder pistas importantes, se pierde tiempo valioso, se filtra información falsa a los medios y no hay respuestas verosímiles ni prevención para casos futuros. En fin, no hay explicación para elegir como camino el “sanear” las finanzas públicas dejando impunes a los sinvergüenzas y atacando a los trabajadores sindicalizados o no. Más bien parece un “quítate tú para ponerme yo”, porque las instancias gubernamentales se están llenando de nuevos recomendados, que no tienen ni la más peregrina idea de qué es lo que van a hacer donde se les está colocando. Puras decepciones pues.

INEQUIDADES Y RESPONSABILIDADES

Hasta el momento de escribir este texto existía la misma versión de los hechos, más de treinta integrantes de una compañía de seguridad privada se presentaron en la comunidad o barrio de La Laborcilla, en el municipio de El Marqués y agredieron a los habitantes, como resultado un muerto y un herido grave, ambos con arma de fuego. En declaraciones del Procurador del estado, en entrevista con Andrés Estévez en 94.7 de FM, hay 34 detenidos, todos de la presunta compañía de seguridad, ninguno de los colonos porque no fue riña sino agresión directa. No se menciona el nombre de esa compañía aunque se dice que es de Jalisco, o que de allá trajeron a los agresores. Hay que mencionar que el conflicto territorial entre El Campanario y La Laborcilla data de tiempo atrás. Según testimonios de habitantes de Hércules, donde vivió el fundador de esta última, simplemente invadió un terreno para construir su casa y con el tiempo invitó a otros a asentarse por esos rumbos, algunos terrenos “los regaló” y al parecer otros “los vendió”, pero sin tener la posesión legal de los mismos. Falta aclarar el porqué de lo dilatado del conflicto que seguramente está en alguno de los juzgados, porque en su afán por “recuperar” esos terrenos El Campanario fue obstaculizando las posibles vías de entrada y salida hasta quedar una, la que provocó el zafarrancho con consecuencias lamentables. Como se puede ver, sin tener que ser un experto en el asunto, la legalidad fue rebasada. Ahora resulta que cualquiera puede contratar a pseudo vigilantes privados para, ejerciendo la violencia en grado máximo, hacerse justicia. Falta ver si las autoridades logran recuperar, frente al poder económico, las atribuciones que le corresponden y le fueron secuestradas, entre ellas la coerción o el ejercicio legítimo de la violencia. En la introducción de su libro Sociedad sitiada Zygmunt Bauman advierte: “La coerción será legítima mientras el árbitro la apruebe, por medio del procedimiento de arbitraje que el árbitro haya aprobado. Todo otro acto coercitivo será considerado un acto de violencia, y la misión fundamental, así como la tarea más urgente de la coerción legítima, es precisamente extirpar toda posible violencia, prevenir que se produzca y castigarla cuando ocurre”. Desafortunadamente ya estamos en el último paso porque los otros dos no se hicieron, habrá que encontrar a los responsables de esas omisiones; pero también castigar a quien autorizó, primero, y contrató después a esa turba de matones o golpeadores. Resulta infantil creer que cualquiera tiene el poder de decisión y de pago de al menos 34 personas, con transporte pesado y herramientas propias para impedir cualquier posibilidad de tránsito, allí debió haber una decisión directiva, quizás hasta colectiva. Hemos estado insistiendo en los problemas propios de las megalópolis, de las grandes concentraciones urbanas que crecen invadiendo todo lo que encuentran a su paso, de la difícil convivencia por las tremendas desigualdades que se observan a simple vista. Es más, según información publicada en La Jornada por Juan Antonio Zúñiga el 12 de este mes y año y «Elaborada con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares correspondiente a los años de 2000 y 2010, la investigación clasifica en tres “clases” la estructura social mexicana y de paso exhibe su profunda inequidad […] Los resultados del estudio, que aporta nuevos elementos al análisis de la sociedad, indican que por cada persona de “clase alta” que vive en México hay 49 de “clase baja” en los dos extremos de la estructura social mexicana.» Por eso los fraccionamientos de la escasa población con ingresos muy altos terminan rodeados por colonias populares, por eso el jueguito de “no te dejo pasar porque atentas contra mi seguridad”, y se aíslan, se amurallan, construyen sus propios guetos, que de ser “Barrio o suburbio en que viven personas marginadas por el resto de la sociedad” pasaron a ser, por miedo y voluntad propia “Situación o condición marginal en que vive un pueblo, una clase social o un grupo de personas”. Y es que los ricachones terminan siendo presos de ellos mismos, sin saber que su enemigo no está fuera de sus altas bardas o más allá de sus casetas de vigilancia, sino dentro de sus modernos feudos. Y es que la interdependencia es obligada. De los fraccionamientos exclusivos hay que ir a las colonias populares a conseguir los servicios más indispensables: un plomero, un albañil, una papelería, el puesto de antojitos, la cremería, la farmacia, la veterinaria, la frutería, y demás. La convivencia es necesaria pero poco tersa, de nada sirve tener camionetota si no es para estacionarse en doble y hasta triple fila para comprar un kilo de tortillas, o un cuarto de jamón “en rebanadas delgaditas”, de qué sirve el poder si no es para ordenar a los guaruras que golpeen a quien les suena el claxon cuando avientan el laminazo sin voltear a ver para ningún lado, total, hay que presumir la Porsche, la BMW, el Mercedes, la Hummer aunque no se traigan ni 50 pesos en las carteras abultadas por múltiples tarjetas de crédito que “el señor” no autoriza a usar. Los extremos no tardarán en aparecer a menos que sepamos, todos, que la convivencia no puede seguir montada en el abuso y la arbitrariedad. Los ejemplos allí están, como el de Condado de Sayavedra en el estado de México, donde los propios guardias de seguridad atentan contra la vida de habitantes y visitantes, donde se tardan hasta una hora para entrar en horas pico porque todo se revisa con el pretexto de una tranquilidad y seguridad que no saben que ya perdieron.